Los responsables del manejo de la economía han hecho público en estos días que el Gobierno aspiraría a que el Ecuador adhiera a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). La organización agrupaba a los países ricos desde su fundación en 1961; pero, con la misión de evitar cualquier “tentación” comunista en Europa, en principio, cambió más tarde su misión y objetivos y en los años noventa amplió selectivamente las membresías.

Desde entonces han ingresado países que surgieron tras el quiebre del eje Checoslovaquia-URSS-Yugoslavia y algunas repúblicas latinoamericanas (México, Chile, Colombia) y asiáticas y de Medio Oriente (Corea del Sur, Israel). Se decidió también examinar la apertura de discusiones sobre Costa Rica y Lituania en 2015.

En 2018 la OCDE reúne ya 35 países, que comparten experiencias, comités y grupos de trabajo sobre políticas públicas relacionadas con la mejor gobernanza global, el desarrollo sustentable y el bienestar de la población. Les corresponde a estos 35 socios, según las consultas realizadas, el 60% del comercio internacional, 80% del PIB mundial y 75% de la inversión extranjera directa global. Cifras al extremo importantes.

Respecto al ingreso, requisitos y futuros costos y beneficios, cabe comentar tres aspectos importantes. El primero es que el ingreso es un proceso largo, sinuoso y no siempre exitoso. No solo depende de lo que hacen los países, sino de la voluntad política y estratégica de los socios de “aceptar” a nuevos aspirantes.  Largo, por el tiempo que le lleva a un país alinearse con los criterios y prácticas promovidas por la OCDE, que en no pocas ocasiones demanda más a las políticas nacionales. No es lineal, tampoco, pues suele requerirse revisiones de políticas, evaluaciones y aplicación de recomendaciones, en medio de contextos cambiantes.

Del mismo modo, no siempre llega a término, porque interna y externamente pueden alterarse las condiciones, contexto y condiciones geopolíticas. Algunos países modifican con frecuencia los referentes institucionales, lo que hace que el escenario de acceso se complique.

Otro aspecto se relaciona con las exigencias aplicadas, que no son las mismas para todos los países, en función de la compatibilidad que pueda existir con los fines de la organización. La configuración social, política e institucional de los países también es considerada en el proceso.

En algunos casos, la especificidad de los sistemas políticos y sus instituciones podría hacer suponer que los beneficios de ser parte de la OCDE serán menores a sus costos, al menos bajo la óptica cortoplacista que prevalece en varios países, considerándose insuficientemente los beneficios que a largo plazo reporta el acceder a la organización.

Hay que tener presente que las economías OCDE son economías de mercado, explícitamente. La OCDE no invitaría a Cuba o Bielorrusia a integrarse al esquema. Ni a Nicaragua, Venezuela, Granada o Surinam. Para Ecuador podría haber reservas, incluso de orden constitucional, que seguramente ameritarían una revisión a la que este y los sucesivos gobiernos deberían estar dispuestos, claro, reflejando una aspiración social por el progreso y abandonando esquemas que no encajarían en la visión OCDE de las estructuras económica y social.

En el caso del Ecuador, el hecho de que el modelo global de largo plazo no está definido con claridad, así como ciertas políticas “de otro corte” que continúan aplicándose, podría entorpecer el proceso.

El hecho de que el modelo global de largo plazo no está definido con claridad, así como ciertas políticas “de otro corte” que continúan aplicándose, podría entorpecer el proceso. Este es un asunto que pesaría en su momento –si efectivamente se inician las conversaciones previstas–, lo que obligará a definiciones políticamente complicadas para los gobiernos, dependiendo de su orientación (un eventual ingreso es un objetivo de largo plazo, ciertamente) y si ese objetivo no es una política de Estado desde sus inicios.

Esto exigirá precisar objetivos-país de largo plazo, para su aproximación a un bloque de economías de mercado. La independencia de poderes, el tipo de arbitraje para la resolución de posibles conflictos y su orientación y actores y, una vez más, la ratificación del modelo de apertura, libertad de cambios y de mercado (lo que no implica ausencia de regulaciones) serán referentes básicos.

Los grados de libertad para la toma de decisiones han de restringirse en beneficio de una opción que se supone favorecerá la modernización de las estructuras en el contexto de cambio tecnológico y modernización que vive el mundo. No habrá margen para dilaciones sino para certezas. Si esto ha sido comprendido socialmente, la toma de decisiones será menos complicada. ¿Hubo consultas en ese sentido, sobre bases firmes?

Colombia, otro ejemplo, adhirió en 2018, después de haber iniciado las negociaciones en 2013. Se examinó su estatus a través de los comités técnicos, alrededor de 23, desde el de inversiones hasta el de comercio, mercados financieros, seguros y pensiones, competencia, hasta asuntos fiscales, empleo, desarrollo, salud, agricultura, pesca, en fin, medio ambiente y regulación, esencialmente. Igual sería el camino para Ecuador.

Menos discrecionalidad, pues, para la toma de decisiones de política, de forma de convertir algunas de las buenas prácticas en políticas de Estado y no en medidas temporales de los gobiernos.

La responsabilidad del anuncio es muy alta. En ocasiones las presiones externas son positivas. Una primera externalidad positiva debería ser el perfeccionamiento del sector público a nivel de sus cuadros. Las distintas áreas tendrían que ser dirigidas con probada competencia y conocimiento de las prácticas internacionales. Se dinamizaría la proactividad pública y privada. Se marcaría, ojalá, un norte, que obligaría a enfrentar con madurez y consistencia la crisis que el país experimenta. ¿Primera “carta de presentación”? ¿Será posible?

(O)