En marzo primero, las autoridades solicitaron al FMI apoyo para su Plan de Prosperidad, lo que el Fondo aceptó, aprobando créditos por USD 4,2 mil millones en tres años, mientras que el Banco Mundial, BID, CAF y otros organismos aportan otros USD 6 mil millones.

El Plan fue previamente acordado entre el Gobierno y los multilaterales. La solicitud y la aprobación fueron una formalidad.

Lo que se propone el Gobierno es muy ambicioso. Este año, recortar el gasto corriente y enviar una reforma tributaria a la Asamblea, que genere unos USD 1.500 millones anuales de ingresos adicionales. El próximo año, una reforma laboral para bajar los costos a las empresas, y combatir el desempleo, y quedaría para 2021 subir el precio del diésel. Ante las terribles cifras de empleo del primer trimestre, las autoridades estarían adelantando la reforma laboral para este año.

El recorte de gasto y la reforma tributaria, sumado al alza de precio de la gasolina de fines del año pasado, harán que el Estado en lugar de incurrir en un déficit y tener que endeudarse en los mercados financieros, alcance un superávit y amortice la deuda, en particular los bonos globales que se vencen en un año, sin necesidad de hacer una nueva emisión de bonos. Con eso, el Gobierno logrará un mayor respeto de los financistas y bajará el riesgo país.

La complicación reside en que cuando se pagan deudas, no queda plata para gastar. Por lo que el gasto público dejará de ser el motor de la economía. Este año, el PIB disminuirá o crecerá mínimamente. Esta situación continuará hasta que el país recupere competitividad y el sector privado crezca, exportando más y reemplazando importaciones sin necesidad de proteccionismo.

Lamentablemente, la recuperación de la competitividad es algo lento, para un país sin moneda propia. La perdimos cuando el Gobierno subió salarios sin tomar en cuenta la productividad. Los precios ecuatorianos son más altos que los colombianos, peruanos, chilenos, o de los países asiáticos y africanos con que competimos en banano, camarón, atún, flores.

Es necesario cumplir el Plan. De lo contrario, el ajuste tomará más tiempo, se prolongaría hasta mediados de la próxima década o más. Lo que podría ocasionar hastío. El pueblo en general, las empresas, los medios de comunicación, podrían clamar por el fin del ajuste, lo cual se daría con un colapso de la dolarización.

La dolarización blinda a la ciudadanía que cuenta con ingresos seguros de los efectos inmediatos de la situación económica. Cuanto teníamos el sucre, con la alta inflación y devaluación los sueldos perdían poder adquisitivo día a día. Eso ya no se da.

Es imprescindible que las autoridades hagan que la población tome conciencia de que el ajuste debe darse, y que el apretón de cinturones en inevitable para evitar una calamidad mayor. Los poderes públicos, asimismo, deben colaborar en sus ámbitos, en particular la Asamblea con la reforma tributaria.

Además recordemos lo que observé hace dos semanas. Si levantamos los obstáculos a la minería industrial, la inversión y posterior exportación, causando ingresos fiscales, contribuirán a aliviar el ajuste, recortar el período de lento crecimiento, y nos llevarán a una nueva etapa de expansión. (O)