Este 26 de junio se cumplen 47 años del inicio de la era petrolera en nuestro país. La década del 70 es recordada como uno de los períodos económicamente más prósperos. Sin embargo, sus beneficios no se reflejaron en mejores condiciones de vida de los ecuatorianos, marcando más bien el inicio de un asfixiante endeudamiento, así como de una dramática destrucción de áreas naturales. Unos pocos aprovecharon este período de bonanza para llenar sus propias arcas.
Estamos en el inicio de la era minera con ofertas de beneficios de miles de millones de dólares. Movimientos sociales y gobiernos locales promueven consultas populares para impedir esta explotación argumentando la ilegalidad de muchos de los contratos que afectan zonas con importantes reservas de agua. La Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre la validez de estas consultas, mientras el presidente Moreno manifiesta los riesgos de incumplir los compromisos adquiridos con las empresas mineras. Pero le preguntamos: ¿quién garantiza que esta vez los recursos no serán feriados como lo han sido los obtenidos del petróleo? ¿Quién, que los contratos firmados no serán productos de acuerdos turbios entre contratantes y contratistas? ¿Quién, que técnicos honestos velarán por el respeto a los ecosistemas y de los compromisos por parte de las empresas mineras?
Es una vergüenza que casi cincuenta años después del inicio de la era petrolera volvamos a basar nuestra estrategia de desarrollo en recursos naturales no renovables. Nunca se invirtió en modernas tecnologías respetuosas del ambiente para rescatar y potenciar nuestra cultura agropecuaria ni en el establecimiento de capacidades locales, en particular, en comunidades directamente relacionadas con reservas naturales.
Somos uno de los diecisiete países con mayor biodiversidad en el mundo. Albergamos especies únicas resultantes de miles de millones de años de evolución y no hemos aprendido a protegerlas, menos a valorizarlas. Nuestra economía debería basarse fuertemente en la valorización de esa biodiversidad. Valorizarla por su beneficio intrínseco para nuestra supervivencia, pero también por los beneficios sociales y económicos que puede traer a la sociedad ecuatoriana. Nuestras plantas, insectos, anfibios, bacterias, hongos e innumerables otras especies poseen un potencial genético tanto o más valioso que todos los minerales. Ellos producen moléculas de interés para las industrias alimenticia, farmacéutica o cosmética que ven en nuestros recursos biológicos la mejor fuente para generar sus productos comerciales. Moléculas que un país con desarrollo biotecnológico podría aprovechar sostenidamente sin destruir nuestro maravilloso patrimonio.
Es hacia allá que un gobierno responsable, moderno y sobre todo honesto, debería dirigir sus estrategias de desarrollo enmarcándose en programas como el de Hombre y Biosfera, de la Unesco, que buscan fortalecer bases científicas para armonizar las relaciones entre las personas y el ambiente con agendas de investigación interdisciplinaria y de fomento de la toma de conciencia de las dramáticas dimensiones ecológicas, sociales y económicas que conllevan la reducción y pérdida de la biodiversidad.
Esto no se trata de hacer prevalecer intereses de unos pocos ecuatorianos por sobre los intereses de dieciséis millones, como indicó el vicepresidente de la Cámara de Minería del Ecuador, se trata de defender la vida y evitar que nuevamente unos pocos nos roben y destruyan el patrimonio de las generaciones presentes y futuras. (O)