Sin lugar a dudas la aprobación del matrimonio igualitario por parte de la Corte Constitucional constituye la noticia jurídica del momento, pues las reacciones a favor y en contra no se han hecho esperar. Desde quienes ven en esto un claro ejemplo de la degradación social y de un apocalipsis bíblico por venir, hasta quienes desde la otra orilla consideran que una decisión así es una muestra de que nos acercamos al primer mundo del derecho y nos alejamos de los parámetros que hoy por hoy son defendidos fervientemente en Oriente Medio y el África Subsahariana.

Los líderes religiosos han puesto también su cuota de color en la pléyade de argumentos pintorescos que hemos escuchados en estos días. La Conferencia Episcopal y los pastores evangélicos han coincidido en que consideran esto un atentado contra la familia tradicional como modelo del desarrollo social y en que se ha “desnaturalizado” una institución como el matrimonio, de origen netamente religioso aunque desde hace más de un siglo, ubicada dentro del ordenamiento jurídico civil. Por cierto, los argumentos con los que se oponen hoy al matrimonio igualitario son prácticamente idénticos a los que en su momento esgrimieron para oponerse a la ley de matrimonio civil en 1902, a la que en su momento calificaran de inaceptable, herética, nula, inmoral, antisocial, injusta e incluso de tiránica y despótica.

A los guardianes de la moral y las buenas costumbres se unió también un grupo de “constitucionalistas”, unos con el argumento que al encontrarse el matrimonio definido en el artículo 67 de la Constitución como la unión entre hombre y mujer, no cabe otra lectura de dicha norma que no sea la de su tenor literal. Es decir, no cabría de plano el acceso a dicha institución por parte de parejas del mismo sexo. Otros, con una hipocresía y doble moral dignas de resaltar, se han declarado incluso partidarios del matrimonio igualitario, pero contrarios al mecanismo utilizado por la Corte Constitucional (consulta de norma). Al parecer, tanto para los primeros como para los segundos, lo fundamental era que esta ampliación de derechos y acceso igualitario a una institución jurídica no se produzca.

Junto a estos dos grupos aparece un tercero, el de los políticos, que especialmente desde la Asamblea Nacional, al parecer se encuentran en una suerte de concurso demencial sobre quien de ellos puede esgrimir los argumentos más primitivos e impresentables. Los hay viejos y jóvenes, de izquierdas y derechas, pues si algo nos ha demostrado la experiencia es que la precariedad argumental no hace diferencias ni discrimina. La tolerancia, que Voltaire consideraba un pilar del Estado de derecho, se la pasan por la faja quienes desde una curul dicen defender los derechos de sus votantes. Caso especial constituye el correísmo, en el que varios de sus miembros se han manifestado a favor del matrimonio igualitario, mientras su líder prófugo ha reiterado su oposición al tema. Aún más, en tono condescendiente ha recordado a los sectores más conservadores y reaccionarios el error que supuso asumir una posición política contraria a él, cuando nada de esto habría pasado si todavía se hubiera mantenido el control de cortes y funciones del Estado. Solo el debatir estos temas entonces, habría supuesto sanciones para sus seguidores, de lo cual la actual prefecta de Pichincha puede dar fe con sobra de autoridad.

¿Qué nos queda ahora? Pues sin duda una sociedad más plural e igualitaria, en la que nadie sea impedido de acceder a una institución jurídica en razón de su orientación sexual. Se fortalece el control de convencionalidad, pues uno de los fundamentos de la decisión del máximo órgano de control constitucional radica en la aplicación de la Opinión Consultiva 24 de 2017, mediante la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dispone a los estados suscriptores de la Convención Americana de Derechos Humanos, que implementen las medidas necesarias para que toda persona pueda acceder a las instituciones del matrimonio y adopción, sin discriminación alguna.

Con la decisión de la CorteIDH no somos pioneros de nada, de hecho somos el país número 28 a nivel mundial en haber implementado el matrimonio igualitario y el sexto en Latinoamérica. No nos hemos inventado o interpretado un derecho, simplemente se ha permitido el acceso igualitario a una institución del derecho civil. En fin, hemos transitado un camino recorrido hace mucho por otros estados, que se encuentran largamente adelante en el desarrollo jurídico de sus derechos. Un tema a relievar constituye, sin duda alguna, el que este trascendió lo eminentemente político e invadió otros ámbitos como el académico, donde la universidad pública con honrosas excepciones como la Universidad Central del Ecuador por ejemplo, ha guardado un silencio ensordecedor.

(O)

No nos hemos inventado o interpretado un derecho, simplemente se ha permitido el acceso igualitario a una institución del derecho civil.