Desde que en los años mil ochocientos sesenta hubo en el Ecuador cuatro gobiernos, no conozco otra época como la presente con tantos enfrentamientos entre funciones del Estado: la Corte Constitucional, cuyo respetable presidente expresa que ella podría destituir a la mayoría del nuevo Consejo de Participación por pretender juzgar la legitimidad de la elección de la propia Corte y revisar las actuaciones del Consejo transitorio, pero manifiesta que prefiere que el juzgamiento de las actuaciones del presidente de este nuevo Consejo y sus adláteres lo hagan otros órganos del Estado; hay presentadas acusaciones penales ante la Fiscalía contra tales consejeros; se ha descubierto que el Tribunal Electoral aprobó que participe en la elección un sacerdote prohibido por la ley para hacerlo, con la ingenua justificación de su presidenta de que vieron que había una declaración juramentada del sacerdote ante notario; no se les ocurrió constatar si esa declaración respondía a la verdad; hay un juicio político en la Asamblea contra el cura; todo esto ocurre ante la mirada paciente del presidente de la República. El presidente es responsable de que en el Ecuador exista orden. Con tanta mayor razón cuanto que él provocó lo que actualmente vivimos: consultó al pueblo para crear un Consejo transitorio, pero no le consultó sobre la eliminación del Consejo permanente, y agravó más las cosas cuando se estableció que sus miembros sean elegidos por votación popular, a ciegas. Tal vez pensó que él podría controlar ese Consejo, pero parece lo controla su predecesor.

Las soluciones que se intentan mediante juicios penales y políticos, de tener éxito, conseguirán, en el mejor de los casos, destituir al cura y sus compañeros de aventura, pero no solucionarán el problema de fondo, que es la existencia del Consejo de Participación. Hay proyectos presentados en la Asamblea para su eliminación o limitación de poderes nominativos; hay ciudadanos que trabajan porque se lleve a cabo la consulta anunciada por el doctor Trujillo; pero todo eso tomará tiempo, durante el cual continuará la anarquía. El presidente puede abreviar este vía crucis convocando una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación. Algunos temen que la consulta no tenga éxito por la baja popularidad actual del presidente, pero creo que si se la llama ‘La consulta Trujillo’, la ciudadanía apoyará. Esta consulta podría ir acompañada de otra sobre la inconstitucional, abusiva, decisión de la mayoría de la Corte Constitucional de modificar la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer, consagrada en la Constitución, a pretexto de aceptar como obligatoria para Ecuador una absolución de la Corte Interamericana de una mera consulta de Costa Rica sobre el llamado matrimonio igualitario. Ya se recogen firmas para una consulta sobre esta materia. Aumenta la discordia.

El país no quiere volver al autoritarismo de ayer, que violó las libertades y prácticamente instituyó la corrupción, pero tampoco quiere un estado anárquico, sin autoridad ni orden, con asesinatos de jueces, fiscales, concejales y aun de presos en las cárceles.

El presidente debería consultarle al pueblo y detener la anarquía antes de que sea incontrolable.

(O)

El presidente puede abreviar este vía crucis convocando una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación. Algunos temen que la consulta no tenga éxito por la baja popularidad actual del presidente, pero creo que si se la llama ‘La consulta Trujillo’, la ciudadanía apoyará.