Por: Rafael Pampillón *

La salida formal de Gran Bretaña de la Unión Europea (UE) es un hecho histórico. La UE ha pasado de ser un club donde todos los países de Europa querían entrar a otro donde también se puede salir. Efectivamente, a partir de ahora cualquier país de la UE tiene más fácil separarse planteando un referéndum similar al de Gran Bretaña.

Comienza ahora una negociación compleja que durará 11 meses y que finalizará, el 31 de diciembre del 2020, con un acuerdo de salida. Eso significa que a partir de ahora el gobierno del primer ministro Boris Johnson tendrá que ser capaz de demostrar a los británicos que puede liderar unas conversaciones al más alto nivel con la UE que sean beneficiosas para los intereses del Reino Unido, algo que no será nada fácil.

Llegar a un proceso abrupto de separación sería desastroso para la economía británica: ahuyentaría a los inversores, debilitaría la economía y aumentaría el desempleo. De ahí que parece más probable que Boris Johnson lleve a cabo un Brexit que permita fortalecer la economía británica. Eso significa que, por un lado, Gran Bretaña mantendrá su compromiso de hacer frente a la factura del divorcio, por la que abonaría a la UE unos 50.000 millones de euros, y, por otro, tendrá qué garantizar los derechos de los británicos que residen en la UE y también de los residentes europeos en territorio británico. Así, los 3 millones de ciudadanos de la UE que residen en el Reino Unido tendrán que inscribirse como residentes permanentes, si quieren permanecer en Gran Bretaña con los mismos derechos que tienen ahora.

Pero los efectos más negativos del divorcio se producirían sobre el comercio exterior. El Reino Unido tendrá que abandonar la unión aduanera europea una vez concluido el período de transición en enero de 2021. Como consecuencia las exportaciones británicas tendrán que pagar a la UE el arancel común europeo. Sería el mismo arancel que ahora están soportando las importaciones de países extracomunitarios como pueden ser China, Rusia o Estados Unidos. Lo que supondría una pérdida de competitividad (efecto frontera) de las exportaciones británicas. Además, es muy posible que Reino Unido aplique aranceles a las importaciones provenientes de la UE con el fin de proteger sus empresas frente a la competencia europea.

Este aumento de aranceles, por ambas partes, generaría una reducción del comercio internacional y una menor eficiencia económica, lo que disminuiría las oportunidades de generar ventajas competitivas. Tal como señalaron hace más de 200 años los británicos Adam Smith y David Ricardo (los padres de la economía moderna), facilitar el comercio internacional contribuye poderosamente a aumentar la renta y la riqueza de los países, también las de Gran Bretaña.

Ante la expectativa de menores exportaciones, tanto de bienes como de servicios, una parte de las empresas radicadas en Gran Bretaña se están yendo ya a otros países. Se trasladan fuera de Gran Bretaña para continuar trabajando en un territorio que forma parte de la UE y de su mercado único. Por ejemplo, una parte de las entidades financieras ya han decidido desplazar sus oficinas a otras partes de Europa como París y Fráncfort por tener más facilidades para hacer negocio.

En resumen, Johnson está lidiando con la UE, pero también con una sociedad británica enormemente fragmentada que requiere de una estabilidad social, política y económica para hacer frente a los diversos retos a los que se enfrentará la economía británica una vez abandone definitivamente la UE. De ahí que lo más probable es que este último capítulo de la negociación entre el gobierno de Johnson y la UE llegue a buen puerto. Lo que dará lugar a un buen pacto que fortalecerá la moneda británica aumentará el crecimiento de la economía británica, que lleva tiempo estancada y aumente la creación de empleo. (O)

* Profesor de Análisis de Países en el IE Business School.