Desde que empezó la pandemia del coronavirus, los Gobiernos del mundo han adoptado distintas medidas para paliar sus efectos sociales y políticos. Sin embargo, existe una preocupación más entre las sociedades debido al control social del Estado y a la pérdida de libertades que implica vivir en excepcionalidad. Alrededor del mundo se han dado manifestaciones por la concentración de poderes de los Gobiernos. Muchos han limitado las actuaciones de los demás poderes del Estado, poniendo en riesgo así la naturaleza del Estado de derecho y, más grave aún, de la separación de poderes.

Muchos Gobiernos han tenido retenidos a sus ciudadanos en casa. Reos de la voluntad de control y de la puesta en práctica de la ingeniería social, los ciudadanos, poco a poco, se difuminan como individuos. El miedo y la zozobra han ayudado a los Estados a reforzar su monopolio del poder.

Es así como el autoritarismo se abre paso bajo forma de dictadura constitucional. Un ejemplo claro es el de España, donde el Gobierno de tinte bolivariano ha decidido ocupar prácticamente todas las esferas del Estado y no permite que ciudades que han dado una gran lucha al coronavirus empiecen a retomar actividades con precaución, para enrumbarse hacia la recuperación económica. Al Gobierno no le conviene que Madrid se reactive, ya que esto lo inhabilitaría para seguir invadiendo la privacidad de sus ciudadanos, por medio de la geolocalización como excusa para realizar controles sanitarios.

En Ecuador también hemos sido espectadores de abusos durante estos tiempos de confinamiento; se han dado requisas de productos que en el mercado naturalmente se venden con libertad, personas perseguidas por declararse opositoras a las medidas del Gobierno, e incluso hemos evidenciado la falta de capacidad ejecutora de los gobiernos locales, por la concentración de competencias en el Ejecutivo. Muchos podrían discutir que ese es el precio que debemos pagar al momento de firmar el contrato social teorizado por Rousseau, pero no podemos olvidar que la característica principal de este es que todos los miembros de la sociedad deben estar de acuerdo con los derechos y responsabilidades pactadas. Es la práctica política por medio de la que legitimamos a las autoridades.

Todos sabemos que cuanto más trata el Estado de controlar el mercado, mayor crecimiento tiene el mercado negro. Así fue en Estados Unidos durante la prohibición de alcohol. Este comenzó a producirse sin estándares de calidad, impuestos por consumo se desviaron porque las ventas ya no eran legales y los contrabandistas se convirtieron en los nuevos millonarios. Todo, por prohibir un comportamiento social.

Este es un ejemplo, pero la historia nos ha demostrado que el desarrollo solo se puede alcanzar en sociedades libres, donde se promueva la democracia procedimental. Los derechos fundamentales y las libertades individuales no pueden ser puestos en riesgo por el simple interés de mantener concentrado el poder. (O)