Tanto daño le hace a la sociedad ecuatoriana el estatismo de la revolución ciudadana como desmantelar y debilitar sus instituciones con golpes de ciego. A pesar de todos los anuncios del Gobierno para cambiar la estructura del Estado, ha sido una política de remiendos más que una reforma consistente. El modelo estatal quedará como un gravísimo tema irresuelto de la transición al poscorreísmo.

La última decisión de recortar los sueldos en el 16,6 % a toda la burocracia ligada al poder Ejecutivo, y a la vez reducir la jornada de trabajo en dos horas diarias, confirma la errática política para enfrentar el déficit fiscal sin saber qué hacer con el Estado. El Gobierno ha tomado esa decisión para los próximos seis meses, con la posibilidad de extenderla por otro periodo igual. El ahorro que se logrará es de 1000 millones de dólares, equivalente al 10 % de la masa salarial de todo el sector público. Pero el costo de la medida será un aparato estatal semiparalizado por un año entero, es decir, por el tiempo que le falta al Gobierno para terminar su periodo. La política de Moreno resulta a estas alturas ya muy clara: bajar el peso de la masa salarial para aliviar en parte el déficit fiscal, pero a la vez precarizar toda la estructura del poder Ejecutivo. Si a esa decisión se suma la reducción de la inversión pública, pues tendremos un Estado en soletas. En lugar de una buena reforma estatal, la política termina afectando indiscriminadamente a toda su estructura, sin diferenciarla. Precariza el Estado y a la vez difiere el problema por un año para que sea el próximo gobierno el que lo deba resolver.

En el fondo, Moreno ha querido proteger a la burocracia, pero nunca lo ha dicho abiertamente. La ha protegido a cambio de nada. Un informe del Observatorio de la Política Fiscal muestra que, en medio de todo el discurso de la austeridad, la masa salarial del sector público fue ligeramente superior en el 2019 en relación con la del 2018 (casi 10 000 millones de dólares). Ninguno de los varios anuncios previos sobre recortes del gasto que no fueran inversión ha producido reducciones significativas. La reducción salarial decretada hace un mes tiene fines puramente fiscales, obligada por la crisis del COVID-19 y las restricciones impuestas por la Asamblea a la Ley Humanitaria, pero no trae una propuesta consistente y firme para darle la vuelta al modelo estatal dejado por la revolución. Se ha dejado morir lentamente el modelo, sin proponer nada a cambio.

Un Estado en ruinas tiene tanto costo para la sociedad como un Estado sobredimensionado en su estructura burocrática y de gastos. En tres años no se ha podido dar respuestas nuevas a problemas fundamentales: qué Estado queremos, cómo financiarlo, cuál debe ser su rol en la potenciación de los mercados y en la generación de condiciones para el desarrollo, qué Estado y qué régimen de protección social requiere una democracia sólida. Moreno restableció las libertades en la relación Estado/sociedad, con lo cual dio unos primeros pasos para repensarlo, pero más allá de esa decisión inicial, no vino nada nuevo. Su gobierno dejará el problema agravado. (O)