No se llegó a consenso respecto al proyecto de texto de un acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), en torno a la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, y los disensos sobrevienen por tres motivos: la creación de un nuevo regulador internacional financiado por los países partes de la ONU, sobre el responsable de aprobar la evaluación del impacto ambiental, y lo más crítico, que los investigadores de la organización internacional creada por el acuerdo sean los que colecten muestras biológicas en alta mar.

El acuerdo define el objetivo, asegurar la conservación a largo plazo del alta mar; considera además los recursos genéticos, incluida la participación en los beneficios, mecanismos de gestión en zonas geográficas, áreas marinas protegidas; la evaluación del impacto ambiental, la creación de la capacidad y transferencia de tecnología marina. Si por un lado el texto propuesto crea una institucionalidad que centraliza la toma de decisiones; por otro lado no considera la fortaleza de disponer de las Organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP), con autoridad para establecer medidas de conservación, gestión y control de pesquerías en alta mar y que aplican la descentralización en la toma de decisiones. En el océano Pacífico oriental existen dos OROP, una es la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), vigente por más de 70 años y ejemplo por seguir en la gestión y sostenibilidad de la pesquería del atún. Con ajustes al texto, las OROP podrían ser parte del acuerdo en debate, y trasladar la toma de decisiones a los Estados actores directos en las regiones, en beneficio de la conservación y sostenibilidad de la diversidad biológica en el alta mar. Los debates continuarán en enero de 2023. (O)

Hernán Rodrigo Moreano Andrade, máster en Oceanografía, Guayaquil