En la guerra interna declarada por el mandatario, ante la arremetida del crimen organizado que impuso el terror en el país, al percatarse de la falta de energía y decisión del Estado, debemos ahora preocuparnos de su permanencia para darle paz y sosiego a la gente de bien que reside aquí.

Quienes somos parte de los ciudadanos de la tercera edad, que contribuimos con el Estado ecuatoriano por más de 40 años consideramos que es un derecho nuestro rechazar la calificación a los jubilados, de que –como dicen muchos desaprensivos– “son una carga para el país”.

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Igualmente, rechazamos también la postura de quienes piensan que el IESS debe ser la caja chica de los gobiernos de turno, para dar ingreso demencial de burócratas, por lo que se debe ampliar los años de jubilación y financiamiento de la entidad. Si la guerra iniciada no tiene financiamiento, como dice el gobernante, la población no puede estar garantizada para continuar la seguridad, dejando en la desprotección a quienes no poseen poder económico personal para contratar una seguridad permanente.

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Por ello, ahora es tiempo de arrimar el hombro, de pedir o contratar, por parte del Gobierno, a los ecuatorianos que puedan aportar con su capacidad intelectual y moral, con el fin de que sus recomendaciones estén avaladas con una alta capacidad ética y no para manipular o peor, para seguir las pautas de intereses particulares o políticos.

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Insisto, es hora de arrimar el hombro, y no solo hablo de la banca y de las grandes empresas productivas que generan empleo en Ecuador deben ser considerados como contribuyentes especiales para mantener la guerra interna; también deben aportar quienes tengan sueldos mayores al que tiene el presidente y los mismos legisladores de la Asamblea Nacional que con patrimonios considerables que tienen un sueldo diez veces superiores que el empleado común del sector público o del sector privado. (O)

Francisco Medina Manrique, periodista, Guayaquil