En los últimos años los ecuatorianos hemos soportado numerosas candidaturas a dignidades de elección popular que, con escasísimas excepciones, han sido de tan baja calidad por su falta de formación, trayectoria, capacidad analítica y fortaleza de criterio, que han logrado menos del 5 % de los votos. La mayoría de estos candidatos han demostrado su escasa autoestima y poco respeto a su familia y a la ciudadanía, porque irresponsablemente registraron sus nombres, auspiciados por partidos y movimientos políticos sin representación alguna, a pesar de conocer sus múltiples limitaciones. Su irresponsabilidad creó confusión en el electorado, desvalorizó más la opinión de los ecuatorianos sobre la clase política, incrementó los gastos en la organización y procesamiento de las elecciones. Lo que es más despreciable es que utilizaron importantes recursos públicos para distribuirlos entre empresas de familiares y relacionados dedicadas a producir afiches, camisetas y otras actividades circenses para exhibir sus mediocridades. Esta situación no puede continuar.

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Es indispensable que la sociedad civil proponga reformas constitucionales y legales para eliminar el financiamiento a los partidos y movimientos políticos, porque su objetivo de democratizar la participación ciudadana en las elecciones no se ha cumplido, o que se establezca la obligación de reintegrar los valores recibidos para las campañas políticas, más los intereses correspondientes, cuando los candidatos no han alcanzado el 10 % u otro porcentaje mayor, de la votación general.

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No podemos seguir financiando la mediocridad política que tiene efectos negativos para la representación ciudadana. (O)

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Mario Andrade Trujillo, Quito