Ya todo Ecuador lo sabe y también muchos países amigos, somos objeto de venganza por combatir la inseguridad, acción emprendida por el gobierno del presidente Lasso, por tanto hasta lo quieren destituir. ¿Cómo neutralizamos esa venganza?

Hay otro tema conexo y lo denunció el presidente Lasso: “… los responsables de la inseguridad en las calles son los malos jueces, malos fiscales y algún otro revoltoso…”.

Para qué existe el sistema penitenciario que además es muy caro, y no cumple el objetivo de poner al infractor en su puesto. La gente se sorprende, comenta usando términos de admiración, no se explica cuando se entera que han reducido a prisión a un ciudadano que en sus antecedentes cuenta con muchos procesos judiciales. Las penas que imponen los jueces deben cumplirse, así habrá respeto a la ley. Señor presidente de Ecuador, para que no se diga que su Gobierno no tiene nada que informar, le propongo –mire que estoy ejerciendo mi derecho de petición–, que convoque a un selecto grupo de abogados penalistas con el objeto de preparar las reformas a la ley, el COIP (Código Orgánico Integral Penal), para eliminar todos los sistemas que favorecen sin justificación a los ciudadanos que han delinquido. Está pasando exactamente lo mismo que cuando el recurso de habeas corpus se tramitaba ante el primer personero municipal, eso tuvo que cambiarse, pero terminó en una gran corrupción. Los jueces probos, que hay muchos, y la Fiscalía con un gran equipo, una gran cabeza y conoce los puntos débiles del sistema penal, tiene también la palabra en el proyecto de reforma, que debería estar trabajado desde hace mucho tiempo. Hay que educar al que cumple una condena, eso es respetarle sus derechos. Pero mantener un sistema negativo siembra la zozobra ciudadana. La reclusión de un condenado debería cambiarle la vida a este. Conozco testimonios de personas que luego de recuperar su libertad, agradecen por los servicios de formación que recibieron en el reclusorio. Pero la justicia peca cuando el infractor entra a prisión por una puerta y sale por la otra, en ese caso se estimula al infractor para que continúe su mala conducta, y la Policía observa eso con decepción. Que la Corte Constitucional busque solución a los temas mencionados. (O)

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Rafael Mendoza Avilés, abogado, avenida Samborondón