En el análisis comparativo de los suministros y equipos utilizados en las obras públicas y en las privadas (por ejemplo, en los casos de hospitales) se acepta que en las primeras los precios institucionales correspondan a los de venta al consumidor, que excluyen (a favor del constructor) comisiones que los proveedores conceden a los ‘mayoristas’, sin que sea necesario exhibir facturas por este concepto para cotejarlas con los APUS (Análisis de Precio Unitario) de cualquier rubro.

En cambio, en las obras públicas el descuento por materiales no es transferido al cliente, como generalmente ocurre en las obras privadas; sin embargo, hay burócratas que exigen las facturas de los sueldos y pagos al IESS para los contratos de fiscalización, sabiendo que quienes fiscalizan no cobran su trabajo sobre la base de sueldos del personal asignado, como debería ser, sino por el porcentaje del avance de la obra en ejecución; al fin, al evaluar comparativamente sus respectivos desempeños, el personal de los hospitales privados se esmerará en dar a los pacientes el mejor servicio al menor costo posible, porque su sostenibilidad dependerá precisamente de que los pacientes queden satisfechos para que sean fieles a la institución. Si no es así, puede haber despidos de personal y hasta el cierre de hospitales privados. En contraste con los hospitales públicos (manejados por ‘políticos’), cuya sostenibilidad dependerá del presupuesto anual asignado por el Estado, donde la meta será gastar sin que esto signifique que habrá una atención mínima para el bienestar de los pacientes.

Es importante reconocer que las obras privadas son ejecutadas con fondos del inversionista y no del constructor, salvo que este sea el inversionista. En las obras públicas, si no es asignado un anticipo y si, peor aún, los pagos son bimestrales, el contratista debe asumir los costos financieros que incrementarán los precios unitarios, sin excluir la posibilidad de que este deba sufragar adicionalmente los costos confidenciales (léase las llamadas ‘vacunas’). (O)

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Hugo Landívar Armendáriz, ingeniero civil, Guayaquil