El colapso del puente Gonzalo Icaza Cornejo, en Daule, ocurrido el pasado 19 de marzo de 2025, por parte de la Prefectura del Guayas se atribuye principalmente a una sobrecarga por el paso de camiones sobre este. Este puente, construido en 1958, es decir que esta infraestructura de casi 70 años de antigüedad, ha soportado todo el tráfico, liviano y pesado, que circulaba por esa vía hasta hace pocos años sin ningún tipo de control, es decir, hasta cuando se construyó el desvío de Daule hacia Nobol y nunca colapsó. La prefecta ha manifestado que el puente había recibido mantenimiento en 2023 y no presentaba informes de estar en condiciones críticas, entonces, ¿por qué colapsó el puente? La prefecta ha dicho que la causa ha sido la carga excesiva ejercida por los vehículos que cruzaban simultáneamente, esta excedió su capacidad estructural, lo que llevó al colapso.
El puente que cayó: la ingeniería que perdura
Ese puente nunca ha tenido restricciones ni control de ningún tipo en cuanto al peso, es decir, que no ha había nadie controlando que no se exceda el peso máximo, si es verdad que había un límite de peso, ¿por qué no se realizaba un control al respecto para evitar desgracias humanas y cuantiosas pérdidas materiales? ¿Quién es el responsable de esto?
Es claro que la caída del puente deja varias verdades y varias incógnitas. Es evidente que el puente no estaba en las mejores condiciones, porque de lo contrario no hubiese colapsado, por lo tanto surgen varias preguntas.
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¿En el último mantenimiento no encontraron posibles debilidades estructurales? Precisamente su colapso demuestra que el puente no estaba en su mejor momento de fortaleza, es decir, que tenía serias debilidades y muy peligrosas. ¿Cuál es la periodicidad establecida para realizar estos mantenimientos? ¿Quién es el responsable de realizar estos mantenimientos? ¿Son realmente profesionales las personas encargadas de realizar los mantenimientos?
En todo caso, los perjudicados, tanto de pérdidas humanas como materiales, deberían exigir responsabilidades mediante demandas judiciales a quien las tuviese, ya sean estos la Prefectura del Guayas o la empresa concesionaria. Este tipo de negligencias no se deben quedar impunes, no es solo pérdidas materiales, son vidas que se pierden y estas son irrecuperables, además los negligentes seguirán operando de la misma manera, sin sanciones y con el riesgo que esto conlleva. (O)
Pedro Triviño Rodríguez, biólogo, Barcelona, España
