Falta de pago y bono de jubilación

Los jubilados docentes y administrativos de la Universidad de Guayaquil (UG) exigimos al rector Francisco Morán Peña el pago inmediato y completo del bono de jubilación de acuerdo a la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep), artículo 129, titulado ‘Beneficio por jubilación’, el cual indica: “Los y las servidores públicos de las entidades y organismos comprendidos en el artículo 3 de esta ley, que se acojan a los beneficios de jubilación, tendrán derecho a recibir por una sola vez cinco salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio, contados a partir del quinto año y hasta un monto máximo de ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado en total”. La Constitución y la Losep son claras y expresas en sus disposiciones y, de acuerdo a las normas vigentes, los docentes debemos recibir valores por beneficio de jubilación sobre los 53.000,00 dólares americanos. Estas normas jurídicas constitucionales se aplican en todas las universidades y entes públicos del país, y no basadas en un reglamento espurio, segregacionista, exclusivo e inconstitucional elaborado de la UG, que paga entre 12.000,00 y 35.000,00 dólares por este concepto.

Asimismo, respecto a la jubilación complementaria, de forma arbitraria, ilegal e inhumana, se enajenó el pago, incitando una crisis económica y social del sector jubilar de la UG. El pago de la jubilación complementaria es un derecho adquirido por resolución de la Corte Constitucional, en firme y de cumplimiento obligatorio; es más, ese derecho se estaba cumpliendo regularmente por orden del Tribunal Contencioso y Administrativo; sin embargo, por decisión arbitraria revocó el desembolso, dejando en indefensión extrema a los jubilados, transgrediendo nuestros derechos constitucionales de modo inhumano e infringiendo normas jurídicas legales vigentes.

Además, dentro de la acción de protección presentada en la Unidad Judicial de la Familia, la Mujer y Adolescencia Norte con sede en Guayaquil, la jueza reconoce la violación de los derechos constitucionales a los jubilados de la UG; en consecuencia, la universidad deberá reparar dicha vulneración mediante un procedimiento administrativo y pago de los valores pendientes.

Por lo expuesto, los jubilados de la UG solicitamos al señor Daniel Noboa Azín, presidente constitucional de Ecuador, interponga sus buenos oficios y disponga al rector y autoridades competentes dar solución inmediata y pago de los fondos adeudados que por ley nos corresponde. Los jubilados sabremos justipreciar el humanismo que usted representa para los ecuatorianos, ya que nos encontramos en plena indefensión y muchos con enfermedades catastróficas y otros que han fallecido por carencia de recursos económicos. (O)

Juan Marín Larreta, docente jubilado, Guayaquil