Frente a la siniestralidad por efectos de los derrumbes e inundaciones, mayormente visualizados por los casos de Alausí y Esmeraldas; nuestro país, Ecuador, por las acciones institucionales del Estado deslumbra la misión de seguridad y confort social en pos del inmediato amparo y auxilio a las comunidades implicadas en dichos casos.

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Pues puntualmente en el caso del sector 50 casas de la provincia de Esmeraldas, ha transcurrido un mes y aún los conciudadanos continúan esperando el pronto auxilio. Se comenta de un “bono de arrendamiento”, al cual me pregunto sobre su consistencia y legislación.

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Mucho lamento el accionar de las instituciones estatales y seccionales, tales como Secretaría Nacional de Riesgos Generales (SNRG), Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Ministerio de Obras, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y muchas otras entidades públicas, departamentos y secretarías de acción social, a las cuales les pregunto: ¿qué están haciendo?, ¿qué prevenciones tomarán de ahora en adelante?

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Estudios y evaluaciones se han realizado y se ha cuantificado el porcentaje de efectividad de las viviendas y bienes públicos, sin mostrar ninguna solución. Ante el clamor popular “sin comida, casa ni ayuda”, espero que la prensa y el Estado por medio de la institucionalidad social y pública expresen las respuestas a las cuestiones planteadas. (O)

Alfredo Ernesto González Vera, ingeniero civil, Guayaquil