Basados en la libertad de expresión, nos hemos acostumbrado a brindar inagotadamente nuestras opiniones sin que estas se sometan a escrutinio alguno, las ofrecemos de forma abierta y sin restricciones mínimas. Mas existen opiniones que ofrecen altísimos estándares de eficiencia soportadas en criterios técnicos; opiniones que se apartan de la trillada sátira, de lo ilusionista de las realidades lampedusianas y de lo subjetivo del destructivismo mediático.

La sociedad del conocimiento es exigente y no se sacia con la simpleza de los contenidos, sino con procesos formativos tecnificados que puedan adaptarse de manera tecnológica al surgimiento de nuevas necesidades e intereses, aplicables a la Administración Pública. Crear e instaurar políticas públicas para el avance progresivo de las nuevas realidades que enfrenta la sociedad ecuatoriana debe posibilitar la funcionalidad integral del aparataje público en la reforma multidisciplinaria e interseccional, dentro de un marco de eficiencia en medidas de gestión de gobernabilidad.

Son varias las problemáticas a las que nos enfrentamos, cuando de administrar justicia se trata: modelos de gestión lentos y anticuados comparados a la agilidad social y tecnológica que ya existe; escasez presupuestaria, desorden y combinación confusa de tareas y actividades del órgano jurisdiccional y del organismo administrativo; políticas de perdurabilidad mediata, lo que genera falta de procesamiento de la información y conflictos en la ejecución de la misma; carente fortalecimiento de la estructura institucional para llevar a cabo notificaciones exitosas; escasa capacitación desde el órgano administrativo referente a los modelos de gestión implementados y su forma de aplicabilidad; y, por mencionarlo como afectación ambiental externa, la ejecución de maniobras dilatorias de los profesionales del derecho que afectan a la celeridad y despacho oportuno de las causas, generando sobrepoblación en el número de procedimientos que cada judicial conoce y sustancia. Por ello, cuando abordamos integralmente el tema sobre la modernización de la justicia, no nos referimos únicamente a la profesionalización de la tarea de apoyo en la administración técnica de la misma; sino también a la potencialidad metodológica, telemática y sistémica de incluir mejoras en el desenvolvimiento de los roles de participación de los actores del sistema de la función judicial: su funcionamiento y la generación de nuevas e innovadoras políticas públicas de adaptación a las necesidades que las propias externalidades fácticas generan y requieren para que no exista la paralización de la práctica judicial por falta de mecanismos tecnológicos, en los modelos de gestión actuales para impartirla. El Ecuador necesita la identificación de circunstancias relevantes que promuevan la intervención inmediata y de ejecución de políticas públicas de alta dirección para su pronta recuperación y solución radical e integral. Desacostumbrémonos de las columnas literarias de opinión sobre procesos situacionales de fugaz e intermitente relevancia y promovamos espacios tradicionales de interesantes planteamientos de trabajo conjunto, equilibrado e innovador. La transición intervencionista de un modelo constitucional de Derecho a un Estado Constitucional de Derechos y Justicia exige un ejercicio progresivo y multiplicador de procesos tecnológicos dinámicos de práctica inmediata. (O)

María José Arregui Manssur, máster en Alta Dirección Pública, y Derecho; Guayaquil