Argentina nos ha dado una lección gratuita de austeridad inteligente. En julio de este año el Ministerio de Seguridad de Argentina creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (Uiaas). Esta unidad, bajo la Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos, se encargará de la prevención, detección, investigación y persecución de delitos utilizando tecnologías de inteligencia artificial. Sus funciones incluyen: el monitoreo de redes sociales y la dark web; análisis de imágenes y datos para prever delitos; identificación de amenazas cibernéticas; y el uso de drones y robots para tareas de seguridad. Lo notable de esta resolución es que especifica que la implementación no implicará costos adicionales, demostrando cómo la tecnología puede mejorar la seguridad y la eficiencia en la respuesta a emergencias.
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Mientras en muchos países se utiliza la inteligencia artificial de manera avanzada, en Ecuador aún se percibe como algo futurista, similar a los androides de las películas de ciencia ficción. La falta de comunicación por parte del Ministerio de Telecomunicaciones, las autoridades de Gobierno y demás instituciones gubernamentales sugieren que el uso de la inteligencia artificial se vea como algo inalcanzable, probablemente debido a la percepción de altos costos económicos y financieros. Sin embargo, la reciente resolución de Argentina sobre la Uiaas demuestra que esto no necesariamente es así.
Para nuestro país es crucial avanzar en la eficiencia de la vigilancia de redes sociales y la dark web mediante una combinación de estrategias tecnológicas, organizativas y legales. Con voluntad y enfoque inteligente, estas políticas públicas pueden implementarse sin grandes costos financieros, como lo ha demostrado Argentina. En el futuro, las autoridades tendrán que rendir cuentas por no haber aprovechado estas herramientas para mejorar la seguridad y prevenir delitos comunes y electorales.
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Nuestras instituciones deben ser más proactivas y efectivas en la identificación y prevención de actividades delictivas en espacios digitales. La combinación de tecnología avanzada, estrategias operativas sólidas y un marco legal robusto es esencial para llevar a cabo una vigilancia eficiente y ética, tanto en redes sociales como en la dark web. Esta misma metodología también podría aplicarse para abordar delitos electorales, garantizando así la integridad y transparencia en los procesos democráticos. (O)
Raúl Ernesto Santamaría Salazar, abogado, Guayaquil
