Muchos ciudadanos presumen que la legislación ecuatoriana es de avanzada mientras otros dicen que es retrógrada, siendo el punto de quiebre el llamado “garantismo” que propugnan en el ámbito penal.
Resulta incongruente, e injusto dicen muchos, que los menores de edad sean castigados con penas ridículas, en relación a la atrocidad de los delitos que ellos cometen. La justificación de aquellos es que los menores de edad no tienen la formación, la educación, el criterio suficiente para discernir entre bien y mal, y que muchos son inducidos a delinquir por parte de ciertos adultos perversos. En la práctica, viendo el accionar malvado de delincuentes juveniles, nos queda la duda de que sea así como manifiestan. Y es el propio ordenamiento jurídico que rige en el país, el que indica que el individuo mayor a 16 años de edad tiene criterio y capacidad de discernimiento entre el bien y el mal. Si no, ¿por qué los legisladores resolvieron que las personas mayores a 16 años voten y elijan autoridades gubernamentales y seccionales? Elegir a tales autoridades es un ejercicio de raciocinio que demanda lucidez de pensamiento, porque en cada elección se juega el futuro de las comunidades. Entonces, los legisladores han reconocido que el ecuatorianos, a partir de los 16 años de edad, tiene capacidad de raciocinio y claridad intelectual. Dándose por sentado que ese individuo es responsable de sus actos y consciente de sus alcances, ¿por qué se le niega esa responsabilidad y conciencia cuando agrede, roba, mata? Si es un ser pensante y tiene la facultad de elegir gobernantes, tiene en consecuencia conciencia para cometer sus delitos y asumirlos. Bajo ese análisis, resulta entonces una aberración jurídica y moral que otorguemos a tales menores facultades para elegir gobernantes y se las neguemos cuando cometen delitos execrables terribles. (O)
José Teófilo Villón Barros, periodista, Guayaquil
