Una deformación antiética es que lo público no es de nadie en singular, sino de una entelequia que es el Estado, cuando realmente es de todos los ciudadanos. Lo que por ilícitos se le llevan al Gobierno o a otras entidades del sector público, luego se cobra a los ecuatorianos vía contribuciones forzadas, impuestos y otras.

La palabra saquear tiene el significado de llevarse, con violencia, a saco, todo lo que sea posible de tomar, pero la violencia física podría ser sustituida con otras formas –entre estas, la judicial– para lograr igual objetivo.

No confundir saquear con Zaqueo, el publicano bíblico, recaudador de impuestos, que se cita en la Biblia. Lucas 19: 1-10.

El saqueo al que voy a referirme es a la multiplicación de “acciones de protección” que despachan –en rapidito– jueces que actúan como “jueces constitucionales” que, con suma diligencia, le ordenan a la banca pública que desembolse créditos y/o que no cobren los créditos en dinero, ni embarguen bienes de los deudores, sino que reciban bienes “en dación en pago”, hasta amenazando con la intervención de la fuerza pública.

Un caso se dio en Samborondón la última semana de octubre. Una compañía de Manta, que no justifica tener negocios en Samborondón, obtiene que se ordene a la CFN B.P. la dación en pago de cuatro predios –de estos, tres son terrenos baldíos en que habría que colocar hitos y cerca de alambres– liberando bienes constituidos en caución por valores muy superiores, por deuda por encima de $ 3 millones. (Ver consulta de procesos n.º 09333-2021–01189 Unidad Judicial Multicompetente con sede en Samborondón). La deudora es parte de un grupo empresarial muy cercano al expresidente Correa –quien fue el principal del grupo tiene su nombre inscrito en la Placa de la Ignonimia colocada en el Palacio de Gobierno, por haberlo resuelto la sentencia de la Corte Nacional por el caso Sobornos–. Otra empresa del mismo grupo es la concesionaria de la vía Santo Domingo–Buena Fe, concesión recibida en el año 2020, comprometiendo $ 559,4 millones, para un plazo de 30 años.

Los créditos de la CFN B.P. que recibió la empresa de Manta, durante el correato, fueron para compra de maquinarias, con avalúos por encima de $ 5 millones, todas constituidas en prenda industrial, pero se liberarían, en el supuesto que se instrumente la dación en pago.

El Gobierno nacional, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, la Contraloría, el Consejo Nacional de la Judicatura, la Procuraduría General del Estado y la Superintendencia de Bancos deben intervenir. Que las actuaciones sean oportunas.

Que no se dé, una vez más, aquello de que cuando los gatos duermen, los ratones se pasean y hacen fiesta.

¿Cuándo comenzó aquello de la imposición “en rapidito” vía fallo constitucional, de daciones en pago, para el saqueo a la banca pública? Diría que es de los últimos años. Antes, había casos en la justicia ordinaria, usualmente demorada.

¿Y habría riesgo de que a la banca privada –o a cooperativas, o a compañías de seguros– también le impongan fallos constitucionales? En el mundo de la audacia y del fraude, todo es posible. (O)