¿Cómo rescatar a la industria petrolera, “atrapada en espiral mortal”? (Ver columna de octubre 26). Desde que los antiextractivistas dentro y fuera de la Corte Constitucional (CC) lograron frenar el desarrollo del ITT, el país no repone las reservas que extrae. Las exportaciones (restando las importaciones) en enero-septiembre 2022 fueron de 217 mil barriles diarios y cayeron a 153 mil en enero-septiembre 2025; en valor descendieron del segundo a sexto rubro de exportación. La próxima década tendríamos que importar petróleo. La nefasta herencia del correato y su Constitución. El presidente Daniel Noboa (DNA) se propuso resolverlo con un nuevo marco constitucional, iniciativa que el electorado rechazó. ¿Cuál es el plan B?

El 28 de noviembre en un evento de la AmCham Quito moderado por Roberto Salas, desde Houston el Ing. Raúl Ortiz propuso una estrategia, a la que aportamos tanto los tres panelistas (columnistas de EL UNIVERSO: Ortiz, este servidor y Hernán Pérez) como los asistentes, entre ellos varios exministros de Energía.

Todo empieza porque las autoridades energéticas se energicen. Han tenido dos años para diseñar una estrategia y ya es hora de ejecutarla. Una primera medida es la reestructuración de Petroecuador y en ese camino va el pedido de renuncia de la gerenta general encargada María Daniela Conde a todos los funcionarios con responsabilidades.

La incorporación al equipo del exjuez de la CC Enrique Herrería es un salto cualitativo en el rediseño del marco jurídico para el petróleo dentro de la Constitución, así como en la concepción de enmiendas constitucionales que no sean desechadas por inconstitucionalidad. Las enmiendas no requieren consulta popular.

Los contratistas potenciales tienen presente el intento de extorsión a Chevron, que nos costó $ 800 millones, y temen la inseguridad jurídica. La Constitución prohíbe la adhesión a tratados de arbitraje internacional, pero los contratos pueden contemplar el arbitraje internacional. Para los nuevos contratos, las autoridades deberían definir si se opta porque Petroecuador forme consorcios con empresas privadas (como se hace en minería) o que transfiera los campos que no está en condición de operar al Ministerio de Energía para que los ofrezca en contratos de participación en la producción. Acto seguido formar equipos de expertos para que preparen las bases para las licitaciones. No hay tiempo que perder.

Habría dos prioridades: que los campos descubiertos en los años sesenta los operen empresas dispuestas a hacer inversión de riesgo para incrementar las reservas, lo que no se ha hecho desde 1992 cuando Rodrigo Borja declinó firmar un nuevo contrato con Texaco y fundó Petroecuador; en 37 años hubo importantes avances tecnológicos. El campo Sacha está disponible, y los otros cuando expiren los contratos con las empresas de servicios específicos, que explotan adecuadamente los campos, pero no hacen inversión de riesgo.

La otra prioridad es el golfo de Guayaquil. Ofertar varios bloques y dar certezas a contratistas que tienen abiertas todas las opciones de encontrar gas: exportarlo, industrializarlo o montar una empresa eléctrica y vender energía en el mercado interno. La falta de coherencia ya hizo fracasar al menos dos proyectos de exploración del golfo. (O)