Los ecuatorianos navegamos una ruta peligrosa en medio de una guerra abierta asimétrica, declarada por el crimen organizado contra grupos similares y las fuerzas de seguridad del Estado, para el dominio o expansión territorial. Actúan en forma oculta, sorpresiva y violenta, sembrando el terror, eliminándose entre ellos, cazando policías, militares y personas inocentes llamadas víctimas colaterales. Se autodenominan naciones como: Latin King o algún nombre de fieras salvajes, con propios códigos de lenguaje, y ley de pena de muerte sobre cualquier persona.

Muchos se refieren a los derechos humanos (DD. HH.), cuyas normas son una declaración universal, imprescriptible, irrenunciable y de cumplimiento. Lo más importante es el derecho a la vida y libertad; nadie puede ser privado de la vida o torturado; la libertad se pierde después de un proceso legal; la libertad de opinión y expresión es inalienable.

Las organizaciones de los DD. HH., bajo esta bandera, han desarrollado toda una doctrina para proteger a los ciudadanos honestos del abuso que pudiere cometer un funcionario de seguridad del Estado. Ha existido y existirán casos de ilegalidad, así que, el Estado debe responder procesando judicialmente al funcionario y restañando las heridas de las víctimas, muchas veces económicamente.

No debemos ceder espacios a seudonaciones de delincuentes ni permitir que lancen proclamas públicas.

Pero qué sucede cuando los sicarios torturan y asesinan a los agentes de seguridad, cortan la cabeza en una danza sangrienta a otros delincuentes, matan y aterrorizan a ciudadanos honestos y familias, ¿por qué muchas organizaciones de DD. HH., no los señalan? ¿Cuál es la doctrina desarrollada contra estos sujetos? ¿Les interesa solo atacar al Estado y desestabilizarlo? ¿A qué otro tipo de motivaciones responden?

La paz es un anhelo humano, pero estamos dentro de un fenómeno amorfo con la participación directa de organizaciones delincuenciales irregulares, que causan desequilibrio en la psiquis nacional por la desproporción de sus macabras ejecuciones, desatando una guerra asimétrica bien armados y con decisión de asesinar, contrario a la norma “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Militares y policías son formados e instruidos sobre los DD. HH., para no diferenciar por “Raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

Somos una sola nación ecuatoriana, no debemos ceder espacios a seudonaciones de delincuentes ni permitir que lancen proclamas públicas. La Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza y recogió una de las normas de los DD. HH.: “En general, no deberán emplearse armas de fuego excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas…”. Los decretos de estado de excepción deben incluir este texto, y ser difundido como demostración de la decisión política del presidente de la República, que usará la fuerza. ¡Los DD. HH. y el crimen no son compatibles! (O)