Finalmente se firmó con Solarpack el contrato adjudicado en 2020 para la construcción de una planta de generación fotovoltaica en El Aromo. La firma española invertirá $ 145 millones. Es el primer contrato del Gobierno bajo la figura de asociación público-privada (APP). Se vienen dos más, también adjudicadas en diciembre de 2020, con inversión total de $ 244 millones: la fase III del proyecto eólico Villonaco (Loja) y el fotovoltaico Conolophus (Galápagos).

Hay un clamor nacional para mayor obra pública, pero eso es no posible dado el sobreendeudamiento. La solución es la inversión privada en obras públicas, lo que se logra con las APP con el doble beneficio de dinamizar la economía y no endeudar al país.

La obra pública ha dependido de créditos de gobiernos extranjeros al ecuatoriano, para que empresas de su país hagan obra en el Ecuador. El resultado ha sido licitaciones cerradas que resultan en precios más elevados que con una licitación abierta, además de prestarse a coimas. El país igual paga aunque la obra no cumpla con las expectativas. Esa ha sido la experiencia con las centrales hidroeléctricas del correato.

Con un contrato APP estos riesgos se minimizan. En el caso de El Aromo, hubo varias ofertas, y Solarpack ofertó el precio menor por la energía que venda al Estado. Si le suben los costos de generación, o la cantidad de energía generada es inferior a la prevista, es problema de la contratista. El Estado le pagará a Solarpack solo por la energía entregada y al precio pactado. Ni bien el Estado reciba la energía y se la vende a los consumidores, o sea, al Estado no le cuesta nada y no incurre en deuda.

La obra demandará mano de obra en el sur de Manabí y será una fuente de energía eléctrica...

La construcción de la planta en El Aromo permite sacar algún beneficio de la inversión de más de $ 2.000 millones que hizo el Estado en encementar el bosque seco. La obra demandará mano de obra en el sur de Manabí, y será una fuente de energía eléctrica cerca de Manta, capaz de cubrir el 60 % de su consumo. Es el tipo de obra que se reclama.

Estas APP se hacen al amparo de una ley del correato. El expresidente es quien tuvo el acierto de proponer esta forma de contratar. Pero cuando el Gobierno actual presentó a la Asamblea una reforma a la ley para tornarla más operativa, UNES se encargó de negarla.

Las autoridades se han tomado tiempo en mejorar el entorno legal mediante reformas a la normativa secundaria, y han logrado asistencia de los gobiernos de Canadá y Corea para la estructuración de los proyectos. Pero el Gobierno paga un altísimo precio por haber buscado el mecanismo perfecto: recién a la mitad de su período se empezaría a construir la primera obra bajo el paraguas de las APP.

Para 2023 está previsto licitar proyectos en los sectores petrolero y eléctrico por $ 6.000 millones, entre los cuales está la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, inversión de $ 2.700 millones, para la cual está inscrito un consorcio de prestigiosas empresas multinacionales. Hay en evaluación proyectos por $ 12.800 millones, que recién se licitarían en 2024, entre ellos la hidroeléctrica Cardenillo y numerosas obras viales, incluyendo el quinto puente.

Harían bien las autoridades en apretar el acelerador para que la segunda mitad del cuatrienio sea pródiga en inversión y se revierta la imagen de que el Gobierno no hace obras. (O)