“No he venido a saciar el odio de pocos, sino el hambre de muchos”: discurso inaugural del presidente de la República, quien ha dicho que su gobierno destinará unos $300 millones para alimentar a unas 300.000 familias. Importante declaración, no se puede ignorar un rostro hambriento, es un grito al alma colectiva. La necesidad realmente es mayor: según el estatal INEC, 32 de cada 100 ecuatorianos eran pobres a diciembre de 2020, lo que significa que vivían con $2,80 diarios. Y 15 de 100 se encontraban en indigencia, con $ 1,5 al día. Son los que duermen debajo de los puentes, en las veredas, los que se obligan a mendigar ofendiendo su propia dignidad. Situaciones que se agravaron con la plaga que aún azota.

Mas, debe haber una genuina distribución de la riqueza hacia quienes contribuyen sin falta a forjarla y tienen derecho a ella por su condición humana. Ora creando impuestos a los que más tienen, ora manteniendo y ampliando la propiedad de bienes del Estado, a fin de generar más recursos que permitan atender dichas necesidades.

También fomentando el empleo sin precarizar el existente, disminuyendo los derechos de los trabajadores. A febrero de 2021 el empleo adecuado fue de apenas 37,7 % para los hombres y de 27,1 % para las mujeres, siempre las principales víctimas de las crisis económicas. Si la mujer y su pareja cuentan con un empleo digno podrá ella dar de lactar a su hijo y evitarle la desnutrición, siniestra hermana siamesa del hambre, que afecta a 3 de 10 niños menores de 2 años, lo que debe solucionarse no solo con alimentación, sino con agua, saneamiento, controles de salud. Severas carencias de tales servicios básicos hay.

Sin embargo, el régimen precedente, entre 2018 y 2020 quitó $ 720 millones a la salud, condonó, en contubernio con la Asamblea Nacional, $ 4.200 millones de obligaciones con el Estado a grandes empresas y bancos y pidió al FMI $ 4.295 millones, que no hubiera necesitado si cobraba tales deudas. Un desastre que solo se explica cuando se administra el país en beneficio de pocos y no le importa el bienestar de la mayoría.

En efecto, se aceptaron las onerosas condiciones impuestas por el FMI, del que antes renegó el entonces mandatario, a saber: reducción de las remuneraciones y del número de servidores públicos, que se concretó con el despido de decenas de miles; fusiones y cierre de instituciones y empresas públicas, eliminación de subsidios a los precios de los combustibles, del gas, del agua y la electricidad. Eliminados solamente los subsidios de los combustibles ardió Troya y en octubre de 2019 se levantaron principalmente los indígenas, quienes, según el INEC, engrosaban entonces el 40,3 % de pobreza y el 17,4 % de extrema pobreza en el campo.

Así, pues, fue el hambre que quiere combatir el presidente el acicate de la revuelta y vándalos quienes hambrean al pueblo, no los que protestan. Por ello, si entiende aquel el hambre, mal hace en sostener que hubo abuso y violencia irracional y que los militares que con los policías reprimieron la protesta y provocaron graves violaciones de los derechos humanos como informaron las organizaciones de la materia, “estuvieron en la acera correcta de la historia”. (O)