El Gobierno propone imponerle una mayor disciplina al gasto de los gobiernos locales (GAD). El régimen actual que norma este gasto descentralizado sí pretende regular el gasto de los GAD, pero carece de consecuencias si los gobiernos locales incumplen con estas reglas. El proyecto del Gobierno señala al populismo local como el gran problema del presupuesto nacional y propone como solución exigirles a los GAD ser más eficientes en el gasto: concentrarse más en gasto de inversión –mínimo un 70 %– o sufrir un castigo en la forma de una asignación reducida.

El Gobierno central no tiene autoridad moral para imponer una regla así. Este es un clásico caso del burro hablando de orejas: en 2024 el Gobierno central gastó 62,9 % en gasto corriente y tan solo 3,2 % en gasto de inversión. Si los ecuatorianos le aplicáramos su misma regla al Gobierno central, ¿tendríamos que pagar menos impuestos?

A modo de comparación, el presupuesto de Guayaquil para 2024 destinaba 72,5 % a inversión y 27,5 % a gasto corriente; asimismo, el presupuesto de Cuenca asignó 82 % a inversión y 17,6 % a gasto corriente. Por supuesto, también hay municipios que priorizan menos la inversión como el de Quito, o todavía menos como el de Daule o Durán.

Asumiendo el criterio cuestionable del Gobierno, de que siempre más inversión es mejor, veamos los datos. Un estudio de Cordes señala que lo que los GAD en conjunto gastaron en inversión cayó de 81,4 % en 2013 a 71,4 % en 2023, lo cual aún es una cifra muy superior a la del Gobierno central. También señala que, a diferencia del Gobierno central que registró en promedio un déficit anual de $ 5.385 millones entre 2013 y 2023, los GAD registraron un superávit anual promedio de $ 95 millones. Con estas cifras podemos concluir que, dada su mayor eficiencia en la estructura del gasto y sus resultados, deberíamos ir hacia una mayor descentralización de la recaudación y el gasto.

Hay enormes diferencias entre los municipios grandes y pequeños en cuanto a su grado de dependencia del Gobierno central para su financiamiento, así como también en cuanto a la estructura del gasto. Pero se generaliza sin fundamento, desconociendo los aciertos de algunos gobiernos locales.

Santiago Calvo y Francisco Cabrillo en su estudio sobre España (2020) sostienen que la clave estaría en cómo se financian los gobiernos locales: “una financiación basada en ingresos propios de estas entidades políticas permite al votante ver que existe una relación concreta entre más servicios públicos e impuestos más elevados”. Lo que sucede en España es un clásico problema de free riders: “Si los gobiernos autonómicos gastan y es el Gobierno central el que recauda, la estrategia de los primeros será la de actuar como free riders, gastando por encima de sus posibilidades y tratando de conseguir, después, una mayor participación en el reparto de los ingresos”.

El proyecto del Gobierno nada hace para corregir este problema de fondo, que limita el desarrollo de gobiernos locales realmente autónomos. En cambio, instituye el incentivo perverso de que así hagan una buena gestión –según su criterio– serán castigados por los que no lo hagan. Además, calificará el Gobierno central, a quien le convendrá asignar una mala nota para concentrar más recursos. (O)