En los debates sobre salud global se ha discutido hasta el cansancio la ausencia de la sociedad civil en la toma de decisiones en la respuesta a la pandemia provocada por el nuevo coronavirus. En Ecuador resalta que en las 53 reuniones del Comité de Operaciones de Emergencia nacional, entre el 14 de marzo y el 10 de junio de 2020, no conste la participación de organizaciones civiles y sociales. Es así que las resoluciones correspondientes a las disposiciones se refieren en su gran mayoría al sector privado, con énfasis en el sector de la construcción, la agricultura, el comercio y el transporte, y a la ejecución de medidas de control y disciplinarias por parte de instituciones como la Policía.

Hasta el día de hoy, 453 días después de que se anunció el primer caso confirmado de COVID-19, no hay evidencia de una participación real de las comunidades de mujeres, indígenas, jubilados, jóvenes, o científicos, en los gobiernos locales o el Gobierno nacional. Se hacen anuncios excepcionales sobre esfuerzos colaborativos puntuales, como finalmente la vacunación con el apoyo de estudiantes universitarios, pero nada más.

La enorme inversión en comunicación logró apuntalar al Gobierno de 2007 a 2017, y el corte de cintas frente a las cámaras, a la par de una absoluta inconsciencia por parte del reciente régimen, ha llevado lejos a los dos últimos presidentes ecuatorianos. Pero en herencia quedó una sociedad resquebrajada, polarizada, al borde de nuevas conmociones sociales, en gran parte por la pobreza, la inequidad y la injusticia en todos sus ámbitos, pero también porque muchos sectores de la población continúan excluidos a la hora de decidir sobre los cambios que necesita el país.

El mayor reto no será solo convocar a la sociedad civil y social, crear estructuras de mecanismos efectivos de involucramiento horizontal, mantener canales de comunicación estables y confiables, dejar de confundir socialización y validación con participación. Se tiene que evitar que se impongan discursos basados en convencimientos ideológicos que dominen la conversación, en favor de la parte con mayor poder.

Uno de los ejemplos más recientes y claros sobre la necesidad de impulsar el concurso de organizaciones y colectivos en decisiones que afectan al país ha sido la detención del defensor del Pueblo, Freddy Carrión, con graves acusaciones en su contra. A pesar de que su candidatura tuvo una impugnación formal y varios colectivos advirtieron sobre el riesgo que se corría eligiendo una persona que no tenía un pasado personal intachable.

Pero primaron otros intereses y, sobre todo, un discurso de confianza absoluta en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, que demostró poco interés en tomar decisiones de manera horizontal. Una de las lamentables consecuencias de toda esta mañosería fue la confirmación de un Consejo Nacional Electoral que ratificó –desoyendo a la comisión auditora– la anulación de más de 400.000 firmas del colectivo YASunidos solicitando una consulta popular. El país está vigilante sobre quiénes y cómo van a tomar parte del Ecuador del encuentro que anuncia el nuevo gobierno. (O)