El mensaje breve y una sucesión de golpes de efecto jalonaron el inicio de la presidencia de Daniel Noboa Azín.

Después de la ceremonia de investidura, la vicepresidenta Verónica Abad se fue a festejar por su lado al mercado de Iñaquito y enseguida un decreto la designó embajadora de la paz en el Medio Oriente. Consecuencia de manejar su propia agenda política apartada del mandatario. Su reacción, cargada de un histrionismo lacrimógeno, fue la de presentarse como una víctima de la violencia de género que la obligaba a exponer su vida en una zona de guerra. Una vez vaciada la Vicepresidencia de funciones, hubiera sido mejor ignorarla antes que darle un espacio de protagonismo que la convertirá en una piedra en el zapato.

Lo de la derogatoria de la tabla de consumo de drogas no fue menos disruptivo. Un tema tabú que queda cortado de tajo. Tendrá que ser reemplazada por una nueva normativa que sirva al efecto de frenar el microtráfico, evitando a la vez que los adictos terminen sobrepoblando las cárceles.

Destacable que medidas de última hora del Gobierno saliente, como derivar las competencias del quinto puente al Municipio de Guayaquil y la vía Buena Fe-Babahoyo a la Prefectura de Los Ríos, hayan quedado sin efecto. La advertencia de que no se lo permitiría tuvo cabal cumplimiento.

En la nueva administración preocupa la audaz y extensiva apuesta por la juventud con el objetivo de refundar la política. En el pasado, prácticamente ninguno de los nombres escogidos del gabinete ministerial hubiera sido considerado por falta de acreditación; pero desde luego aplica una visión de cambio. La excepción que confirma la regla es la de Roberto Izurieta, secretario de Comunicación, cuyo papel como vocero y consultor político será crucial en un entorno donde aún falta experiencia y mayor credibilidad.

De inicio, un par de los nuevos ministros ha tenido sus tropezones. Todo va a depender de que en el ciclo de aprendizaje se rodeen de funcionarios capaces que compensen su escasa veteranía.

En el ámbito de la Asamblea Nacional (AN), el tema más crítico es la reanudación del juicio político al expresidente Guillermo Lasso, que quedó suspendido por la muerte cruzada. Por prescripción de ley, deberá tener continuidad en un foro en el cual no tendrá voz que lo defienda. El expediente, aunque endeble en términos de prueba, previsiblemente derivará en una censura que lo inhabilitará políticamente por dos años. De modo que el desafío de enfrentar a sus opositores en las urnas en 2025 no tendrá efecto.

Está previsto que sean sujetos de fiscalización los exministros de Energía y Minas, Fernando Santos, y del Interior, Juan Zapata. El primero para responder por la crisis de los apagones, el segundo por haber ejecutado (supuestamente) apenas el 9 % del presupuesto asignado para atender el gravísimo problema de la seguridad nacional.

El correísmo, por su lado, exaspera en el afán de imponer su agenda de impunidad, con tantas prioridades. Limitado por la circunstancia de que el titular de la AN fue elegido con 128 votos, quedando en minoría al restar 51. Números sometidos a prueba esta jornada con la posesión del nuevo contralor. (O)