En octubre de 2022 hubo un primer aviso de la crisis energética. Luego de una apelación de la autoridad a la divina providencia llovió y se respiró con alivio. Un año después sucedió lo mismo y la compra costosa de electricidad a Colombia permitió sortear los apagones. Sin embargo, la semana pasada la suerte se acabó. Ecuador afronta un déficit de generación de 1.100 MW equivalentes al 20 % de la demanda nacional, que ha venido creciendo, el último año tanto como 11 %, sin que se tome las previsiones del caso.

‘¡No hay luz!’

Ha habido porfía por la capacidad de generación hidroeléctrica que en condiciones normales suple el 84 % de la demanda, descuidando de forma negligente la inversión necesaria en el parque termoeléctrico, que es mayoritariamente obsoleto, así como en energías renovables, principalmente, fotovoltaica y eólica. El problema es que el Estado no tiene capacidad de inversión y el sector privado se ve impedido o restringido a hacerlo por la cantidad de trabas que le imponen.

El monopolio estatal consagrado en la Constitución de Montecristi de 2008 y la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica, Lospee, de 2015, ha colapsado y no debe continuar. El modelo actual no ha hecho sino sabotear sistemáticamente la posibilidad de participación del sector privado en autogeneración, limitada a proyectos hidroeléctricos no mayores a 100 MW, de generación distribuida (para grandes consumidores industriales y comerciales) de hasta 10 MW y la autogeneración reducida a 2 MW. Esto dirigido a impedir que la empresa de generación Celec y la principal distribuidora CNEL se vean afectadas en su nivel de facturación. Desde luego muchos de estos obstáculos regulatorios han sido impuestos con la connivencia de la agencia de regulación y control sectorial.

Fracasó modelo energético

Resultado: todas las fases del sistema nacional de energía eléctrica están en crisis, no solo en generación, sucede con la falta de capacidad de redes y transformadores, igualmente obsoletos, que se desconectan automáticamente al llegar al límite de su capacidad por el incremento de la demanda. De ahí lo sucedido con las “desconexiones” que son aleatorias, sin posibilidad de programación.

El Gobierno denunció un sabotaje y promueve una investigación fiscal contra 22 exfuncionarios del Ministerio de Energía y Minas. Más allá de que la acusación tiene que ser comprobada, es una realidad irrefutable que la burocracia es estatista, y además correísta en muchos estamentos.

Una prueba de su completa ineficacia es la central Termo/Machala de 232 MW que se construyó en las postrimerías del correísmo con la finalidad de aprovechar el gas natural del campo Amistad. Pero como solo se produce un cuarto del combustible requerido, mantiene en paro 160 MW. Y hablar de la importación de gas (metano) es tabú porque significaría perjudicar el desarrollo de dicho campo, lo cual es un sinsentido.

El presidente Daniel Noboa que demuestra tener arrestos ha empezado a obrar. Declarada la emergencia del sector tiene que traer barcazas y comprar unidades de generación termoeléctrica, pero, más importante aún, debe proceder con mano dura al desmontaje del modelo estatista que es el único responsable de los apagones. (O)