Después del Consejo Europeo, que se celebra estos días en Bruselas, el presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, encargará a Giorgia Meloni formar gobierno; un giro político donde el castigo electoral a la izquierda pone a la centro-derecha ante la responsabilidad de acelerar la recuperación y resiliencia de una Italia que acaricia la recesión, en un clima de tensión social provocada por las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania, reflejadas en la crisis energética y la inflación que reclaman urgencia y pragmatismo resolutivo.
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En este clima de incertidumbre por el que atraviesa Europa, que desafía al estado de bienestar y a la burocracia pública, miramos a Italia desde nuestro vínculo común: la migración laboral. De acuerdo con el Informe sobre Migración en Italia de 2021, la comunidad ecuatoriana asciende a 66.477 personas. De las cuales el 57,1 % son mujeres, el 40 % tiene menos de 30 años, el 63,6 % tiene trabajo formal, con una edad media productiva de 35 años. La ocupación se concentra en el sector agrícola, industrial, de la construcción, el comercio y los servicios de cuidado a la persona. El número de emprendimientos registrados corresponde a 3.529 empresas individuales de origen ecuatoriano ubicadas principalmente en Génova, Milán y Roma. Durante el 2019, el volumen de remesas enviado de Italia a Ecuador fue de aproximadamente 147 millones de euros. Una migración que se integra al sistema productivo de Italia y a su desafío demográfico.
El nuevo Gobierno de Italia buscaría un equilibrio político y técnico para desarrollar un programa consistente con su responsabilidad internacional como miembro pleno del G7, como Estado fundador de la Unión Europea y de la OTAN; donde los intereses nacionales prevalezcan sobre los intereses internacionales y regionales. De acuerdo con el plan de gobierno del partido vencedor Fratelli d’Italia, la prioridad nacional gira en torno al apoyo a la natalidad y la familia; al uso eficiente de los recursos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR), resultado del Programa Next Generation de la Unión Europea; a un pacto fiscal de confianza recíproca entre el fisco y los contribuyentes; a una reforma de la justicia que garantice procesos judiciales equitativos y ágiles; al estímulo del emprendimiento a través de la inclusión financiera y el acceso al crédito para la juventud; al desarrollo de la industria agroalimentaria como sector estratégico de crecimiento sustentable, a la modernización de la infraestructura de transporte que conecte e integre a la movilidad humana y territorial; a un Estado solidario ante la fragilidad social: su salud y vejez digna, al impulso de la convivencia social que garantice bienestar con seguridad, donde la migración ilegal sea regulada e integrada de acuerdo con la demanda laboral de los sectores productivos. Finalmente, para garantizar la estabilidad política, una reforma constitucional al presidencialismo que asegure cohesión y unidad nacional.
Meloni, al confirmar su victoria electoral, afirmó: “Primero haremos lo necesario, luego lo que es posible y al final descubrimos cómo hacer lo imposible”. (O)
