La sigla PIB es de uso común en el lenguaje técnico para significar el monto equivalente a la producción de bienes y servicios de un país o localidad en determinado tiempo. Si se le agrega la palabra agrícola, representa el aporte de la agricultura con todas sus disciplinas afines, de donde se desprende el concepto de PIB agrícola primario y luego el PIB agrícola ampliado en el que se incluyen como deber ser, la agroindustria y las transacciones que genera, cubriendo el espacio que ocupan los agroalimentos simples o procesados, tanto que estudiosos de la materia han creado la terminología PIB agroalimentario para dar superior énfasis y precisión a la vinculación del agro con la provisión de comestibles.

El uso de uno u otro criterio dependerá de la valoración que los regímenes otorguen al campo, si es uno con mentalidad agrarista como acontece con México, Colombia, Chile o Uruguay, se manejará la expresión extensiva, para resaltar la trascendencia política y social que involucra, lo cual tiene una enorme connotación en las cuentas nacionales, porque no es lo mismo el aporte calculado en Ecuador en el restringido 8 %, que adicionando la ganadería, explotación forestal, la industria que genera y los servicios relacionados, incluyendo los bancarios y otras actividades vinculadas, como elaboración de agroinsumos, preparación de nutrimentos y bebidas, que provienen del agro. Siendo así, el PIB agrario ecuatoriano ascendería al significativo 20 % del PIB total. Adicionalmente, lo agropecuario configura los mayores encadenamientos productivos e impactos hacia el resto de los sectores, a los que impulsa o desalienta, según su propio comportamiento, de tal suerte que las decisiones que lo estimulen se difundirán a otros segmentos del convivir nacional.

Examinando un hecho práctico, en el gobierno anterior se dictó el Decreto Ejecutivo n.º 1295 del 9 de marzo de 2021, que determinó una asignación desde la cartera de Economía de una suma anual equivalente al 1 % del PIB agrícola, cuantificada hasta ese instante por las autoridades ministeriales en 50 millones de dólares, dirigida a fomentar la tan necesaria investigación agropecuaria, a favor de entidades públicas y privadas que han asumido ese reto; claro, la mayor parte será para robustecer el paupérrimo presupuesto del Iniap. Si se hubiese aplicado el PIB ampliado, esa destacada suma se habría duplicado acorde con la demanda de ese trascendental desafío en un país que se precia de altamente agrícola.

Desde luego, una cosa es lo que consta en los fríos papeles y otra muy diferente lo que efectivamente llegaría a los organismos con derecho a esos fondos, de allí que este debe ser un tema que asuman los movimientos gremiales campesinos para que se cumpla lo legítimamente dispuesto, sea cual fuese el gobierno imperante, y así se demostraría la tantas veces proclamada política de Estado para las actividades rurales, a las que mucho se ha ofrecido pero esperan pacientemente que se honren las promesas, en correspondencia a lo que entregan a la nación, esta sería una manifestación plausible que todo el conglomerado de agricultores y ganaderos respaldaría. (O)