Ahora que ha pasado la zozobra del periodo electoral y que, por tercera vez, el país se salva de volver a caer en manos de un proyecto claramente autoritario, ya va siendo hora de que una nueva administración aborde los problemas económicos que nos llevan a seguir viviendo al filo de la navaja. Repito una estadística que debería llamarnos a una seria reflexión: los ecuatorianos llevamos una década con un crecimiento promedio del ingreso per cápita de apenas el 0,33 % (cifras para 2014-2023). Es difícil que la democracia liberal mantenga un apoyo mayoritario del electorado por mucho tiempo si una generación entera no percibe oportunidades de superación económica que le den esperanza.
La globalización en su encrucijada
La clase política ha pasado más de siete años con el enfoque en reformas políticas, diciendo que solamente después se podrán abordar los temas económicos. Mientras tanto, la sangría de recursos públicos en servicios públicos de escasa cobertura y calidad deficiente ha continuado. El endeudamiento público y los impuestos han seguido aumentando, succionando recursos del sector productivo, al que ni siquiera le pueden garantizar seguridad para desarrollar sus negocios.
Según Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal, Ecuador tendrá una necesidad de financiamiento de $ 15.000 millones, sin contar con los Cetes e instrumentos de liquidez, que son otros instrumentos de deuda pública. El déficit público para 2025 lo estima en $5.500 millones. Hace aproximadamente un año, Carrera explicó que las necesidades de financiamiento totales se calculan sumando el déficit fiscal, las amortizaciones de las deudas interna y externa, las cuentas por pagar del presupuesto, el stock de Cetes y de los convenios de liquidez y otros pasivos del Estado. Si sumamos todo esto, Carrera estimó que las necesidades brutas de financiamiento se ubicarían en alrededor de $ 20.000 millones anuales.
Mientras tanto, el Estado ecuatoriano gasta alegremente como $ 10.000 millones al año en subsidios que distorsionan la economía y agravan la crisis fiscal descrita anteriormente. Alberto Dahik afirmó recientemente que “el 83 % de la deuda adquirida por Ecuador entre 2010 y 2023 se ha usado para subsidiar, no para invertir”, y que dichos subsidios son “inmorales” porque benefician desproporcionadamente a las clases más acomodadas. Se refirió particularmente a los dos grandes elefantes en la habitación: los subsidios a los combustibles y a las pensiones del IESS. En los primeros, el Estado ecuatoriano gastó, entre 2010 y 2023, $ 54.000 millones. En el subsidio a las pensiones, este año destinará aproximadamente $ 3.300 millones.
Considerar una asamblea constituyente y/o aumentar el llamado “gasto social” ignora la gravedad de la situación a la que nos enfrentamos. La próxima administración debe apuntarle principalmente a lograr un mayor crecimiento. Solamente creciendo a una tasa más alta se podrá salir del hueco fiscal que no permite atraer capitales a una economía muy necesitada de inversiones.
Déficit, aranceles y dólar (parte 1)
A su vez, sin inversiones, no será posible que se enriquezcan los ecuatorianos, y para esto, hay que empezar por tomar el toro por los cuernos: eliminar los subsidios regresivos a las pensiones y a los combustibles. (O)
