El Decreto Ejecutivo 32, recientemente expedido, establece nuevos lineamientos para continuar con la apertura del sector eléctrico a la inversión privada. Reforma el Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, Lospee, según las prescripciones de la Ley Antiapagones II, aprobada en octubre, y, al tiempo, el Reglamento de Operaciones de Gas Natural. Ordena un proceso abreviado para la aprobación de proyectos de generación de Energías Renovables No Convencionales, ERNC (centrales hidroeléctricas, al igual que plantas fotovoltaicas, eólicas, geotérmicas, biomasa, etc., de hasta 100 MW). Esto bajo la condición que tales proyectos no estén contemplados en el Plan Maestro de Electrificación, PME.
Lo original es que incluye la posibilidad que la empresa privada invierta en transmisión sujeto a la aprobación de Celec/Transelectric, que deberá llevar a cabo un Proceso Público de Selección, PPS, que podrá acoger la modalidad de Swiss Challenge (quien presenta la iniciativa pueda mejorar sus condiciones económicas en concurso con otros postores). Y operará bajo la figura de delegación, cobrando un peaje para amortizar el costo de la línea. En el caso de la distribución será distinto. CNEL y las nueve distribuidoras regionales deberán llevar a cabo los PPS para la construcción de la infraestructura requerida que se cancelará con recursos propios, sin quedar sujeta a tal delegación.
El concepto de “energía de transición”, que apenas consta en la Ley Antiapagones II, acertadamente se desarrolla de forma extensiva en la regulación, al posicionar la política pública de impulsar el aprovechamiento de gas natural, importado o de producción local, para usos industriales y de generación termoeléctrica, en particular. Tal es así que se establece un plazo de tres años para que las actuales centrales que funcionan a diésel vayan programando su conversión energética. Claramente el objetivo es fomentar hacia futuro unidades térmicas de ciclo combinado.
La regulación otorga un plazo de 18 meses a los consumidores industriales de las categorías AV (alto voltaje) 1 y 2 para que desarrollen su capacidad como autogeneradores, debido a que pueden quedar expuestos a una desconexión discrecional, como sucedió en la emergencia de los apagones. Una contingencia que ha determinado, desde ya, que el sector industrial se haya visto precisado a invertir en la compra de grupos electrógenos.
Con las reformas debería haber un boom de los proyectos de ERNC. EL MEM ha informado que tiene en compás de espera 67 propuestas que totalizan 1.400 MW. Todo dependerá que la autoridad logre imponer su voluntad política al establishment burocrático que por lo regular reacciona impasible ante el afán de cambio.
En gas natural hay un asomo estatista al imponer un régimen de autorizaciones previas a importación del combustible que no se justifica debido a que carece de subsidios. Inevitablemente es una apertura refrenada por el precepto constitucional de excepcionalidad en la prestación de servicios públicos por parte de la empresa privada, que, a la postre, atraviesa el contexto del DE 82. Igual, es un buen paso, aunque harán falta otros para consumar la reforma eléctrica. (O)
