El Gobierno enfrenta la dura tarea de reducir el déficit fiscal. No es dable que el país se siga endeudando al 10 % anual para pagar sueldos. Cierto es, el petróleo está al alza y con eso aumentan los ingresos; el presupuesto 2022 se elaboró con un precio de $ 59,20 el barril y hoy apunta a $ 72. Pero no es sano que el gasto gubernamental dependa del alza y baja del petróleo.

En campaña el hoy presidente ofreció, correctamente, reducir el gasto público. En 2021, el Gobierno central destinó $ 9.391 millones al pago de personal, un exceso de al menos $ 1.800 millones en relación al promedio regional (ajustado al tamaño de la economía).

Las autoridades aseveraron ante la Asamblea que “La restricción del gasto es el eje principal en la formulación de la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal 2022″. Pero el gasto de salarios no baja en 2022; sube en $ 43 millones. La “restricción del gasto” para las autoridades es que siga creciendo, pero despacito.

La medida con que contaban las autoridades para bajar el gasto es el alza de los combustibles. Sí, me entendieron bien. Los ciudadanos pagamos más por combustibles, pero en lugar de contabilizarse como mayor contribución de los ciudadanos se contabiliza como menor gasto público. Pero el presidente congeló el precio de los combustibles, ya no hay ese ingreso, y como el gasto burocrático no lo van a reducir, la solución es subir las recaudaciones.

Se busca ingresos adicionales de al menos $ 460 millones anuales. Una posibilidad es redoblar esfuerzos para atrapar a quienes evaden los impuestos. Pero eso es harto trabajo y no es posible recaudar tanto en tan poco tiempo. Otra opción es elevar el IVA: el presidente Moreno se comprometió con el Fondo Monetario a que su sucesor lo subiría en 2 puntos. Basta 1 punto para recaudar $450 millones. Pero las autoridades lo descartan porque paga toda la ciudadanía.

Queda el impuesto a la renta. Se descartó a las empresas, porque el Ecuador es de los países con el mayor impuesto corporativo. Se optó entonces por elevar el impuesto a la renta a quienes las autoridades califican de “ricos”: el 3,5 % que más tributa. Particularmente afectados están los que ganan entre $ 4.000 y $ 5.000 mensuales: ejecutivos, médicos, ingenieros, abogados, dentistas, que pagan hipoteca, cuota de carro, escuela y medicina privadas. Pudieran trabajar en cualquier lugar del mundo y ganar más, sin pagar impuestos punitivos.

El alza es por partida doble: se pone un tope de $ 500 a las deducciones para el impuesto a la renta. Ya no se podrán deducir los gastos de una emergencia médica o de un dependiente con discapacidad. Por otra, los ascienden en la escala tributaria, de 25 % a 30 %. Para quien gana $ 8.500, sube a 37 %, tasa récord en la región.

Como el impuesto a la renta de 2022 se pagará recién en 2023, para recaudar más en 2022 se grava a los patrimonios personales sobre $ 1 millón en 2022 y corporativos sobre $ 5 millones en 2022 y 2023.

Así se cumple con un triple objetivo: se preserva a los “pipones” de la administración pública; se reducen desigualdades, puesto que se hala hacia abajo a quienes ganan más; y se evita malestar social, puesto que afecta solo a los 274.000 ciudadanos que ya tributan fuertemente (los que evaden, pasan cantando).

Los Paganini de siempre. (O)