El pasado lunes, uno de los once jueces del Tribunal Supremo de Brasil decidió anular, de forma sorpresiva, cuatro de las distintas condenas que pesaban sobre el expresidente de Brasil, Lula da Silva, por casos de corrupción en el marco del escándalo de Lava Jato. Según dicho juez, el tribunal que en su momento dictó las sentencias sobre el exmandatario no era competente para juzgarlo, sin perjuicio de lo cual es importante señalar que el magistrado no entró a valorar otras consideraciones de fondo, como aquellas relativas a la inocencia o culpabilidad de Lula.
A pesar de que la decisión adoptada por el juez restablece los derechos políticos de Lula, lo cual le permitiría presentarse como candidato presidencial en las próximas elecciones presidenciales por celebrarse en el 2022, la Fiscalía anunció que apelará la decisión, de manera tal que es muy probable que sea el Tribunal Supremo quien deba decidir si confirma o anula la decisión del juez disidente. Si bien existen otras ramificaciones jurídicas que se podrían desprender de la decisión que adopte la justicia en Brasil, la anulación de las sentencias ha provocado una auténtica conmoción en la sociedad política brasileña, toda vez que la confirmación de dicho fallo podría en el futuro dar paso a una incesante interposición de recursos por parte de otros condenados por corrupción, perjudicando así el trabajo realizado por la Fiscalía y la Policía Federal de Brasil en la operación Lava Jato durante los últimos años.
En ese contexto, resulta interesante analizar si algo parecido pudiese ocurrir en nuestro país, teniendo en cuenta que el mentor de Andrés Arauz es precisamente un exgobernante sobre quien pesa sentencia ejecutoriada. En el caso de Correa, hay dos vías que podría explorar con el fin de revertir las decisiones judiciales en su contra. La primera se refiere a la interposición del recurso de revisión, recurso de naturaleza excepcional y que puede ser planteado en cualquier momento después de ejecutoriada la sentencia condenatoria, ante la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, y que básicamente busca que se declare la inocencia del condenado cuando existen nuevas pruebas que demuestran que hubo un error de hecho en la sentencia impugnada.
La segunda vía que podría explorar es la del indulto, figura jurídica reconocida en Ecuador en distintos cuerpos legales, y que conlleva la extinción de la pena. El indulto puede ser otorgado por la Asamblea Nacional o por el presidente, pero la ley establece que, en ambos casos, primero se deben observar ciertos requisitos cuyo análisis no viene al caso, toda vez que Correa ha dicho reiteradamente que no pedirá ni aceptará ningún indulto por el caso Sobornos, por lo que en su lugar el país debería estar presto a interpretar los alcances de la decisión judicial sobre Lula.
Una vez conocido el fallo de Lula, no tardó el expresidente Correa en anunciar en un tuit que nos preparemos, que en Ecuador se evidenciará lo mismo que en el caso Odebrecht y que toda la “lucha anticorrupción” solo sirvió para persecución política. No hay duda: el caso Lula será utilizado como excusa y presión. (O)
