Gélido invierno de 2014, Filadelfia, Pensilvania. La escuela de derecho en la que este humilde servidor estudiaba había organizado el conversatorio Doing Business in Latin America.

Durante el conversatorio, uno de los ponentes dio razones para ser optimistas con respecto al futuro de la región. Alguien le preguntó si compartía ese optimismo para Argentina con el entonces gobierno de los Kirchner. El ponente asintió. Argentina era un país que tenía sus problemas políticos, explicó, pero en el que ocurrían cosas y en donde había oportunidades de inversión. De repente –con el objetivo de aclarar su respuesta y tal vez sin sospechar que había un ecuatoriano en el auditorio– agregó que Argentina no era Ecuador. “Nothing happens in Ecuador”, dijo. Según el ponente, Ecuador destacaba entre los países de América Latina porque su gente, sus leyes y sus instituciones generaban demasiado riesgo para la inversión.

El presidente Guillermo Lasso ha enviado a la Asamblea un proyecto de ley que tiene como objetivo atraer inversiones. El proyecto reconoce que Ecuador es uno de los países con menos inversión extranjera en la región. Un país en donde nada pasa.

Una de las secciones del proyecto se refiere a las asociaciones público-privadas. Estas asociaciones sirven para delegar el desarrollo o la gestión de proyectos públicos a compañías privadas y así atraer inversión. El proyecto contiene la creación de un Comité y una Secretaría interinstitucionales para que fomenten y vuelvan más sencillos los contratos de asociación público-privada.

Pero no hay que perder de vista que el principal obstáculo para la inversión en Ecuador es el riesgo. Ecuador es una tierra maravillosa en la que se puede ordenar la prohibición de salida del país del representante de una compañía por quítame allá estas pajas; donde un monstruo llamado medidas cautelares constitucionales permite a cualquier juez paralizar inversiones so pretexto de proteger derechos constitucionales; y, en donde procesos judiciales corruptos, como el de Chevron, terminan en billonarias indemnizaciones en contra de los inversionistas.

Para generar asociaciones público-privadas, la ley debería buscar la mitigación del riesgo de invertir en Ecuador. Hay algunas cosas que se pueden hacer. Primero, la ley podría declarar la validez de las cláusulas contractuales en las que se limita el monto de la responsabilidad del inversor, para que este pueda calcular el máximo de su exposición. Segundo, se podrían incluir reformas que protejan a los representantes de posibles responsabilidades personales y que limiten la intromisión de medidas cautelares constitucionales en la inversión. Y, tercero, la ley podría permitir la libre transferencia de las participaciones para que el inversionista pueda vender sus acreencias a quienes estén en mejor posición de diversificar el riesgo.

No hay comité o secretaría que pueda atraer inversionistas a un país que genera tantos riesgos como Ecuador. A menos que se tomen medidas para que el inversor se sienta más seguro, seguiremos viviendo en un país en donde, en términos de inversión extranjera, nada pasa. (O)