Los transportistas de carga pesada se fueron al paro, pidiendo se mantenga el subsidio al diésel y la aprobación del proyecto de Ley de Tránsito, que dispone que quienes contraten servicios de transporte deben pagar anticipadamente la mitad del flete y que se prohíba por dos años la concesión de nuevos títulos habilitantes. Sostienen que los costos no permiten continuar brindando el servicio.
Qué extraño. Las empresas necesitan que los productos importados salgan del puerto a sus fábricas o centrales de almacenamiento, y de ahí a los almacenes. Las empresas van a buscar a quienes les cobren el menor flete, pero no pueden prescindir del servicio. Alguien debe estar dándolo. Si el negocio ya no es rentable, ¿por qué se plantea que no se otorguen nuevos permisos de operación? Los transportistas están sufriendo de una reducción temporal de la demanda de sus servicios, como nos está pasando a todos en esta economía reprimida. Proceden como suelen hacer, con éxito, los sectores organizados: exigir un tratamiento preferencial.
Tenemos otro caso reciente: Asamblea y presidente acordaron subir fuertemente y por ley los sueldos al magisterio, indexarlos y otorgarle un sistema de seguro social más ventajoso que aquel de los demás afiliados. Todo sin financiación. La acumulación de estos beneficios a todo gremio redunda en un deficiente funcionamiento de la economía, lo que perjudica al conjunto. Hasta hace 20 años, esto se compensaba devaluando, con lo que se reducía lo que ganábamos. Hoy no se puede devaluar, por lo que esta ineficiencia resulta en que Ecuador tiene costos muy altos. Esto no va más. El presidente Lasso está comprometido con tornar eficiente la economía. Bajar costos, no subirlos. Sería de esperar que el nuevo Gobierno enfoque el problema del transporte de una manera novedosa.
Se debería comenzar comparando los costos de transporte de Ecuador y sus vecinos. ¿Cuánto cuesta por kilómetro transportar una tonelada entre los puertos de Guayaquil a Quito, comparado con Barranquilla-Bogotá y Callao-Arequipa? Si la respuesta es que el transporte en Ecuador es más caro, como tengo entendido que es, tenemos un problema serio, puesto que el transporte es un insumo para todas las actividades, y por lo tanto, torna menos competitiva la economía nacional y perjudica a los consumidores.
¿Dónde está el problema? Comparemos costos. Empecemos por combustibles. El diésel está subsidiado en Ecuador y cuesta $ 1,48/galón. En Colombia $ 2,77, el doble; en Perú $4,40, el triple. El precio del combustible no es el problema.
El problema viene por el lado del costo de vehículos, partes y piezas. En Ecuador, país proteccionista, los precios son mucho más altos que en los países vecinos. El Gobierno Lasso, comprometido con la apertura económica, debe bajar a cero el arancel para insumos y bienes de capital para el transporte, o sea, camiones, partes y piezas, y simplificar los trámites de importación. Eso bajará costos. El “sacrificio” fiscal se lo compensa con la reducción del subsidio al diésel.
Por último, los transportistas, como los demás gremios, deben aceptar la competencia, negociar fletes, no obstaculizar nuevos entrantes al negocio, ni que las empresas se doten de sus propias flotas. Todo en aras de la competitividad y en beneficio del consumidor. (O)
