El siguiente paso, luego de la exitosa campaña de vacunación, es la reforma al modelo de gestión de la Red Pública Integral de Salud, RPIS, conformada básicamente por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el IESS. El objetivo fundamental es brindar servicios asistenciales en cantidad y calidad suficientes, sujetos a control y evaluación respecto a los prestadores independientes. Seguramente, es el motivo por el cual no hay encuestas dando cuenta del nivel de insatisfacción de sus usuarios.

Según un informe del Banco Mundial al cierre de 2019, 59 de cada 100 ecuatorianos no se encuentran afiliados o cubiertos por ningún tipo de seguro de salud, mientras que 27 de cada 100 cuentan con el seguro general del IESS. El resto corresponde al seguro social campesino, Issfa, Isspol y a la medicina prepagada.

Hay 3.018 centros de salud de la RIPS, distribuidos 2.785 en nivel 1 (básico); 184 en nivel 2 (intermedio); y 49 en nivel 3 (hospitales generales y de especialidades). El problema es que la red se ha desarrollado más con el enfoque de la oferta que de la demanda, construyendo unidades en sitios innecesarios. Sigue siendo una estructura muy burocrática, permeada por la corrupción.

La RIPS se ocupa de la atención ambulatoria, emergencias y de partos correspondientes al nivel 1, pero en la transición a los niveles 2 y 3 flaquea, necesitando el soporte de la Red Complementaria Privada, RCP.

Como referente, el presupuesto del MSP en 2018 fue de $ 2.883 millones, de los cuales el 60% (1.720 millones) se destinó al pago del recurso humano, mientras que 22 % correspondió a la compra de insumos y medicinas, y tan solo 9 % a la RCP; el resto son rubros de seguridad y mantenimiento (que es muy deficiente).

En el periodo de prepandemia eran 84.752 servidores públicos, 18.865 médicos, algo por encima del estándar mínimo de 10 por cada 10.000 habitantes. Curiosamente, el antes citado reporte no revela un exceso de personal administrativo, en total 8.375. Sin embargo, su distribución es deficiente al concentrarse, con cierta recurrencia, en centros de salud de poca demanda, desatendiendo otros donde hace falta. Mencionar la paradoja de que en 9 de 24 provincias hay más doctores que auxiliares de enfermería, un contrasentido.

Otro fallo, conforme a un informe del Ministerio de Economía, es la diferencia de los precios unitarios de atenciones del MSP respecto a sus comparables de la RCP, en cuanto a hospitalización y exámenes, en general, que resulta entre 1 y 52 % mayores; el desglose revela costosas ineficiencias.

Uno de los factores de mayor disfuncionalidad del denominado Sistema Nacional de Salud, SNS, es el incumplimiento de la RPIS con los pagos de derivación de pacientes a la RCP. A la Junta de Beneficencia de Guayaquil se le debe 140 millones de dólares y a Solca 80, a más de 250 millones de deuda con 85 prestadores de servicios renales. El impago tiene que ser solucionado con urgencia. Una recomendación al vicepresidente Borrero como coordinador del SNS: activar el Consejo Nacional de Salud, Conasa, de representación multisectorial público/privada, que no se reúne hace más de cinco años. Es pieza clave del rompecabezas. (O)