Este mes se cumplió medio siglo de la primera llamada desde un teléfono celular. Al tiempo, 2023 conmemora el 30.° aniversario de su introducción en el Ecuador. Los respectivos contratos de concesión que se otorgaron en 1993, renovados por otros 15 años en 2008, tendrán un modelo de tercera generación.

El mercado del denominado Servicio Móvil Avanzado, SMA, de 17,5 millones de líneas activas (13,7 la modalidad de prepago) está distribuido así: Conecel (Claro) 51,8 %; Otecel (Movistar) 30,8 %; y CNT EP 17,4 %.

El proceso de renegociación de las concesiones del SMA se inicia con cinco años de anticipación a su vencimiento, aunque concluye al final. La contraparte gubernamental de las operadoras privadas es la Arcotel, que cuenta con la asesoría de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT; anotando que procesos de esta naturaleza se cumplen todos los años en la región y el mundo, de forma que hay estándares sobre la valoración del espectro radioeléctrico que sirven de referente.

La teoría señala que hay un modelo que maximiza la recaudación fiscal, y, por el contrario, otro que la minimiza a fin de alentar el servicio universal, reduciendo su costo al abonado. Ecuador ha tendido a privilegiar el primero, exigiendo, desde luego, compromisos de cobertura y conectividad que son auditados por la Arcotel.

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El país tiene adjudicados 280 MHZ para el funcionamiento del SMA, cuando la media en la región es de 400. Más aún, el Estado no ha adjudicado el 70 % del espectro, de modo que su aprovechamiento es insuficiente y no monetiza su uso.

La funcionalidad del espectro es semejante a la de un puente que se conecta con una autopista, que en este caso son las redes o plataformas digitales SMA; el problema es que si el puente tiene una sola vía no puede servir a una autopista de cuatro.

(...) las operadoras procuran obtener 30 MHZ adicionales a fin mejorar la cobertura y calidad del servicio 4 G...

En la renegociación las operadoras procuran obtener 30 MHZ adicionales a fin de mejorar la cobertura y calidad del servicio 4G que beneficia al 72 % de los usuarios, indicador que debe ser mejorado. Aspiran a extender su concesión a 20 años, tal como permite actualmente la Ley (2015), como señal de una alianza público-privada que proyecte, a más largo plazo, las inversiones necesarias para el desarrollo de redes con tecnología de punta.

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Una señal positiva ha sido la reciente reforma al Reglamento de Tasas por Uso de Frecuencias, vigente desde hace veinte años, que tenía una incidencia en el sobrecosto del espectro en zonas rurales, desestimulando su cobertura; una política pública absurda.

La banda de 3.5 GHZ para la prestación de la tecnología 5G de automatización de los sistemas productivos (cuyo despliegue es aún remoto por razones de mercado) no ha sido incluida como parte de la renegociación, siendo la aspiración de las operadoras de que lo sea a fin de adelantarse al tiempo, tratándose de las dos mayores operadoras regionales.

La ministra de Telecomunicaciones, Vianna Maino, aspira a concluir este proceso en julio con la seguridad que servirá para apuntalar su programa de “Conectar a los no conectados” que acaba de obtener un meritorio y plausible reconocimiento de la OEA. (O)