La problemática suscitada en las cárceles del país debe ser analizada no como un hecho aislado, sino como un problema inclusive de salud pública y de afectación económica para el Ecuador.

Demos un vistazo al problema de seguridad de América Latina hace cuatro años, cuando ya ostentaba el infame récord de ser la región más violenta del mundo. Aunque su población representaba solo el 8 % de la población mundial, registraba el 38 % de los homicidios del planeta.

Esta alta tasa es debida a la violencia con armas de fuego. Estas estadísticas han venido creciendo en los últimos años hasta llegar a niveles alarmantes en el 2021, mientras que en el resto del mundo descienden o se estabilizan.

La violencia causó al año más de 100.000 homicidios, por lo que es considerada un problema público de salud y educación en varios países del continente, e inclusive se podría considerar a la violencia con características de epidemia regional. Este problema impacta negativamente en la economía, la seguridad, los sistemas de salud y la inversión.

El costo económico de la violencia en América Latina representa entre el 3,5 % y el 14,2 % del PIB. Además afecta a los sectores más vulnerables de la población, lo cual exacerba sus condiciones sociales y de vida.

Una de las mayores dificultades al intentar controlar la violencia es la falta de información. Algunos estudios afirman que solo entre el 12 % y el 23 % de estos actos ilícitos llegan a ser denunciados a la Policía.

Al carecer de denuncia, la Policía ignora la ocurrencia del delito y no responde al incidente. Como consecuencia, las instancias superiores, como los jueces y la Corte, poco pueden hacer para castigar a los delincuentes. La falta de respuesta de la Policía impulsada por la desinformación, al no existir denuncias, tiende a producir desconfianza en la comunidad, porque da la impresión de que los encargados del orden y la seguridad pública parecen no estar haciendo su labor. Aún más, la información que maneja la Policía para responder al incidente y los jueces para encarcelar a los delincuentes puede provenir de las denuncias de los vecinos o terceros y, al ser subjetiva, puede ser inexacta.

Pese a que la problemática es tan profunda que no se alcanza a analizar en las líneas del presente artículo, debemos seguir el ejemplo de otros países para tratar de dar soluciones puntuales que enriquezcan al objetivo macro, que es erradicar la violencia. Por ejemplo, algunos cuerpos policiales están utilizando avanzados sistemas de información para afinar sus estrategias de patrullaje. Inclusive han desarrollado potentes algoritmos de predicción para anticiparse al crimen. México logró integrar en una sola plataforma 34.000 bases de datos de más de 250 instituciones de gobierno, y que ha contribuido a mejorar la inteligencia operativa criminal. Los sistemas de justicia no se han quedado atrás y varios países han buscado facilitar la denuncia en línea. Colombia ha ido más allá y está utilizando la inteligencia artificial para agrupar cientos de denuncias, encontrando, en cuestión de minutos, patrones y asociaciones criminales que antes eran imposibles de identificar. (O)