Dos actuaciones recientes en la Asamblea han ocasionado que la opinión pública nuevamente se interrogue sobre qué intereses mueven a la mayoría de sus integrantes.

Está por ver su desempeño en otro episodio espinoso, postergado para el martes 7 del presente mes, referente al debate de una resolución, que alude al presidente Lasso, respecto del caso de las filtraciones sobre paraísos fiscales –Pandora Papers–.

En el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia, tal vez por exceso de cálculos, los asambleístas no aprobaron ninguna resolución y el Ejecutivo tuvo vía libre para disponer su publicación en el Registro Oficial. Ya rige la ley y queda la duda de si el proyecto pudo haber sido mejorado por la Asamblea.

En la votación para la destitución del asambleísta Eckenner Recalde, acusado por sus coidearios de cobrar diezmos con base en la denuncia de dos de sus excolaboradores, hubo 63 abstenciones de parte del correísmo (UNES), Pachakutik y varios independientes y 71 votos para la destitución, pero se necesitaban 92. La comisionada Luisa González (UNES), que integra el Comité de Ética, argumentó que las pruebas presentadas por los denunciantes no eran suficientes y que existía duda razonable.

Resta ver qué postura tomarán los asambleístas al debatir el informe de los Pandora Papers, del que se han señalado presuntas irregularidades en su aprobación.

Exigir que los asambleístas actúen con sentido nacional no es una aspiración inocente, así lo establece la Constitución en su artículo 127. Ellos son responsables políticamente ante la sociedad de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones. Deberían dedicar parte de su próxima vacancia a reflexionar sobre ello, pues no es menor el presupuesto que se destina para el funcionamiento de la Asamblea, que incluye la nómina de legisladores y su estela de asesores, valores que debieran ser devengados con eficiencia y de manera digna en todos los casos. (O)