En las dos últimas semanas se ha informado de nuevas millonarias inversiones privadas en Ecuador. Desde hoteles, programas de vivienda vertical hasta hospitales o centros de servicio médico están en desarrollo.
El solo anuncio despierta el interés de la ciudadanía porque implica generación de plazas de empleo a mediano plazo, una vez que entren a operación. Para el Estado también significa crecimiento fiscal.
Incentivar y proteger este tipo de inversiones debe convertirse en la prioridad del Gobierno y sus instituciones. Va más allá de la construcción de infraestructura, pues es toda una cadena que beneficia a los ecuatorianos, desde el área de la construcción, obreros, servicios, proveedores, en fin trabajo directo e indirecto, desde el mismo desarrollo del plan y permanente cuando se entre en operación que en el mejor de los casos será dentro de un año, mas, es esperanzador para quienes buscan un empleo.
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Abrir la puerta a la inversión productiva empieza a rendir frutos, pero a la par las instituciones están obligadas a mostrar estabilidad en las decisiones y acciones que incrementen la confianza en el país.
La inseguridad sigue siendo una amenaza potente a atacar. Es imprescindible entender que el trabajo en la materia se debilita cuando en lugar de unirse contra la delincuencia organizada, las autoridades entran a una confrontación que rebasa los argumentos técnicos o jurídicos.
El entorno social y político es tan valioso como la seguridad jurídica, las reglas claras, la simplificación de trámites e incluso los incentivos tributarios. Hay que seguir respaldando ese camino para que la inversión continúe llegando.
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Es satisfactorio informar de inversiones de mil millones de dólares en un proyecto, 50 millones de dólares en otro o 18 millones en varios que se desarrollarán en Guayaquil, Quito, Cuenca, Samborondón, Portoviejo y se aspira a que vayan a muchas más ciudades. Sin duda el progreso a nivel público y privado se convierte en una promesa para mejorar la calidad de vida que exige la población. (O)
