Apenas han pasado cinco meses de los cruentos asesinatos ocurridos en los amotinamientos simultáneos que se dieron en varias cárceles del país acabando con la vida de al menos 79 reos, y ya se vuelve a conocer de nuevos incidentes en la Penitenciaría del Litoral y en la cárcel de Cotopaxi que hasta ahora han ocasionado la muerte de 22 presos, unos 70 heridos y la agresión sexual de una agente policial por parte de un convicto en el área de máxima seguridad.

Habría que empezar por renombrar lo existente en el Sistema de Rehabilitación Social. No se debe seguir hablando de ‘máxima seguridad’ si no la hay. No, al menos, cuando se vuelven constantes el ingreso de armas y explosivos, el enfrentamiento entre bandas con muertes cuantiosas, el secuestro de policías dentro de los recintos carcelarios, entre otras anomalías que no logran corregirse.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) informó de la recaptura de decenas de internos que intentaron huir de los pabellones de mediana y máxima seguridad en la cárcel de Cotopaxi. Policías y personal de Fuerzas Armadas lograron 66 recapturas, según informó el Ministerio de Gobierno, que, asegura, trabaja en un plan de intervención integral del sistema carcelario del Ecuador.

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La Fiscalía abrió una investigación de oficio por los enfrentamientos en la Penitenciaría del Litoral, y el director de ese centro los atribuyó a la rivalidad de vieja data entre miembros de bandas criminales que se disputan el liderazgo. Hasta ahora las reacciones de las autoridades son del mismo tipo de las acostumbradas en amotinamientos anteriores. Si se espera lograr correctivos efectivos, deberá cambiarse la estrategia de respuesta ante lo reiterativo.

Las actuaciones criminales en los recintos de rehabilitación social dejan ver que el sistema que los regula no está cumpliendo su misión, lo que constituye otro desafío para el presidente Guillermo Lasso y su ministra de Gobierno. (O)