La Asamblea Nacional sigue dando muestras de no querer mejorar. La ciudadanía percibe ataques entre legisladores, acusaciones veladas, desafíos con plazo de por medio y jugadas de último momento que pretenden desvirtuar responsabilidades sobre señalamientos que, sin embargo, dejan en el aire dudas sobre lo actuado o proyectado.
Su presidenta, Guadalupe Llori, se desgasta en un contrapunto que va cobrando carácter personal con el asambleísta Fernando Villavicencio, quien preside la Comisión de Fiscalización del Legislativo.
Por otro lado, la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez, investigada por gestionar cargos públicos, ante el pedido de 81 asambleístas de que renuncie al cargo, les espeta: “… Ustedes pretenden hablar de orejas largas; que tire la primera piedra el que no tenga pecado…”.
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La Asamblea del anterior periodo se fue debiéndole al país explicaciones y sanciones por actos cuestionados que han quedado en la memoria para descrédito de ese organismo. Existía la esperanza de que cambiando las fuerzas políticas representativas se modificarían las actuaciones en el Legislativo, pero las decepciones no se han hecho esperar.
El tema de la discordia reciente surge tras revelarse la firma de un contrato de provisión de servicios de alimentación para eventos de la Asamblea Nacional por cien mil dólares, que según Llori ordenó suspender y solicitó que se oficie a la Contraloría para que realice una auditoría.
Aunque Llori argumentó que el mismo proveedor presta servicios tanto a la Asamblea como a la Cancillería, con precios similares o más altos, fue a partir de esa divulgación que pidió la renuncia a 21 colaboradores que prestan servicio en su despacho, según dijo, con el objetivo de evaluar su trabajo. Cabe recordar que acciones transparentes no precisan de sigilo.
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Las circunstancias actuales del país demandan que sus funcionarios y autoridades se superen a sí mismos y se exijan elevar su nivel de desempeño, pues no hay tiempo que perder ni recursos que desperdiciar. (O)
