En este espacio se registró el pasado jueves que el día anterior Guayaquil amaneció sin muertes violentas ni ataques armados, luego de una semana de atentados que llevó a decretar el estado de excepción con toque de queda en las provincias de Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas. Sin embargo, el resto del día miércoles se reportaron nuevos crímenes en la Zona 8, que comprende Guayaquil, Samborondón y Durán.
El combate que se le está dando a la delincuencia emplea muchos medios e ingentes recursos, teniendo el cuidado de proceder de acuerdo con la ley tanto en el control de recursos como para respetar los derechos de los criminales. Es sin duda una lucha desigual, pues los integrantes de las narcobandas y sus cabecillas actúan sin ningún tipo de límites. Esta nueva realidad no es privativa de nuestro territorio y debe ser estudiada para hallar la manera de contener su avance.
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Los perjuicios que ocasionan estos criminales, que pertenecen a una generación descarnada y amoral, tocan las diferentes capas sociales y dañan los progresos que día a día construyen el ciudadano promedio y las instituciones. Desde el pequeño negocio que debe dejar de atender por la arremetida delincuencial y por el toque de queda, viéndose afectados clientes, trabajadores y emprendedores, hasta las pérdidas en general que resienten los lugares turísticos por la peligrosidad reinante.
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Pero no solo cuentan las pérdidas económicas y los asesinatos, sino cada una de las actividades que en lo cotidiano se posponen o se dejan de realizar, ahí se incluyen las acciones que en los barrios tienen como beneficiarios a niños, jóvenes y adultos mayores y un largo etcétera.
Para hallar las soluciones a tan avanzado problema, no se debe perder de vista que nuestra sociedad lo rezumó, siendo lógico aplicar curas a los males sociales, lo cual tomará tiempo –y mientras más se aplace esa decisión, más se prolongará el problema–. La efectividad se producirá al participar la sociedad de manera consciente en el proceso de su recuperación. (O)
