En los actos de corrupción tienen responsabilidad quien da la coima y quien la recibe. Este argumento suelen esgrimirlo cuestionados responsables de organismos de control cuyos funcionarios, en lugar de hacer cumplir la ley, participan de burlarla.

No ha faltado quien pida en general “no den coimas”. No habría razón, entonces, de contar con organismos de control y pagarles sueldos a agentes para que hagan cumplir las leyes si estos no son capaces de desempeñarse con honestidad.

Esta semana, el director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) presentó en la Fiscalía una denuncia contra varios vigilantes de tránsito, quienes presuntamente cobran al menos un dólar a cada unidad que sale de la Terminal Terrestre de Guayaquil para obviar la revisión vehicular y de documentación.

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Según declaraciones del director de la CTE, los conductores de los buses de la terminal se quejaron de la extorsión por parte de los vigilantes, con el respaldo de videos en los que se observa la acción recaudatoria, que asciende en promedio a tres mil dólares por día.

El daño asociado a esta acción corrupta involucra el riesgo al que se somete a los usuarios de las unidades de transporte. Muchos accidentes en carreteras y la consecuente pérdida de vidas pudieran evitarse si el vigilante cumple con su función, que es hacer respetar la ley.

Los agentes de tránsito siguen en sus labores. La Fiscalía tendrá que probar los delitos de cohecho, concusión, extorsión y delincuencia organizada, para su sanción.

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En junio se habló de que la CTE deje de emitir licencias de conducción, para frenar la corrupción que existe en torno a ese trámite. Dos meses antes, padres de aspirantes a agentes de la CTE denunciaron supuestas irregularidades en el proceso de admisión realizado por la entidad.

Recuperar las buenas prácticas en las instituciones debe constituirse en un esfuerzo interno y en una exigencia nacional. Cabe también la reflexión de si es más usual la corrupción en el sector público que en el privado y por qué. (O)