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En el trámite de una acción extraordinaria de protección, luego que un Tribunal Penal revocó un fallo que reconoció la desaparición de los cuatro menores.
En la Comisión del Derecho al Trabajo el debate avanza lento, mientras el Issfa propone bajar al 80 % la base reguladora de la pensión por retiro voluntario.
Solo en septiembre se atajaron 102.311 galones que dejaron pérdidas a bandas criminales de medio millón de dólares. A octubre van más de 190.000 galones.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, recibió en Quito la visita protocolaria del embajador de Israel, Tzach Sarid.
John Reimberg explicó que no se trata de artefactos artesanales, sino de explosivos de elaboración profesional.
“Muchas gracias por ese sacrificio del día de hoy y todos estos días”, dijo Loffredo a militares en las calles capitalinas.
El Ministerio de Defensa destacó que los soldados son “padres, hijos, hermanos y esposos” y los calificó como héroes.
El Ministerio del Interior informó que 102 personas han sido detenidas. Desde los activistas se habla de al menos 400 violaciones a los derechos humanos.
El ministro en una entrevista dijo que había “algo más de 20” uniformados que fueron retenidos por manifestantes.
En caso de presentarse un secuestro de un policía o militar sería un "grave error", sostuvo. Por ahora, las movilizaciones dejan 44 detenidos con antecedentes.
El Ministerio de Defensa sostuvo que la eliminación del subsidio al diésel es “una medida clave que corta de raíz los incentivos del contrabando".
La acción abre la puerta a que otros países apoyen con inteligencia, financiamiento y operaciones conjuntas para el desmantelamiento de los grupos terroristas.
Daniel Noboa delegó a marinos la gestión de tres hospitales por la corrupción. Las Fuerzas Armadas van 20 meses movilizadas y hasta abril hubo 3.000 homicidios.
La Comisión de Régimen Económico tiene ocho días para el análisis de la proforma presupuestaria.
Los uniformados han destruido 405 bocaminas, incautado 239 retroexcavadoras, 31 dragas y 86.917 explosivos.
El juez ponente, Alí Lozada, aclaró a las partes procesales que el rol de la Corte va a ser el de juzgamiento de las demandas.
Patricia Ochoa difundió un mensaje en redes sociales en el que alertó de esta acción en la Fiscalía General hasta que “aparezcan pruebas nuevas”.
El pronunciamiento de las autoridades llega en un momento de tensión entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional.
Se busca fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad.
La Procuraduría aclaró los controles que puede hacer la Superintendencia de Protección de Datos Personales.