Barcelona SC convocó la mañana de este sábado a su Asamblea General Ordinaria de Socios, que debió realizarse en uno de los sectores del estadio Monumental Banco Pichincha, pero no se efectuó.

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El evento estaba programado para las 09:00, sin embargo, luego de seguir los procesos reglamentario no hubo el quorum necesario, porque en los próximos días se anunciará una nueva fecha.

En uno de los puntos de la puntos por tratar, según detalló el portal web de los canarios era: “conocer sobre el informe jurídico por parte del abogado Francisco Román Pesantes Villacís, concerniente a las acciones legales llevadas a cabo, producto del informe de auditoría forenses efectuada por la compañía Ernst & Young por el periodo 2015-2019 a Barcelona Sporting Club”.

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Y aunque no se pudo realizar la cita, Pesantes dio detalles de las acciones legales que se han realizado luego de conocer el informe de la auditoría forense.

“La investigación ha durado año y medio y contiene 1.200 páginas, un peritaje del Consejo de la Judicatura, de Criminalística, cientos de documentos certificados, copias de cheques de pagos”, contó el jurisconsulto.

“Según la denuncia (a la Fiscalía) se informa de parte de la auditoría que (en el periodo 2015-2019) se pagaron casi 11 millones de dólares, cuyo destino final no se conoce”, agregó Pesantes, en conversación con el periodista Christian Carrasco, de radio Caravana.

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El abogado indicó, además, otras anomalías que se han detectado en aquel informe y espera que el llamado a juicio a los presuntos involucrados se dé pronto.

“En la denuncia también se dijo que el financiero de la época, con la autorización de sus principales directivos, pagaba mediante cheques, que eran cambiados por mensajeros”, indicó.

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“Todo esto es parte de la valoración que lleva la Fiscalía, como equipo jurídico estamos satisfechos, que han significado enfrentar muchos contratiempos, sobre todo porque hay personas que se esconden, cambian los chips de los teléfonos”, agregó Pesantes.

Además se informó, por intermedio de Carlos Ávalos, otro de los representantes legales toreros que los exmiembros del directorio son acusados del presunto delito de asociación ilícita.

“El tiempo para la etapa preprocesal la maneja el fiscal y una vez que considere que con los elementos que ya se cuentan son suficientes, promoverá la etapa del juicio”, explicó.

“El presunto delito que se investiga es el de asociación ilícita, que de esto vienen otros delitos que no pasan de la pena privativa (de libertad) de cinco años”, concluyó Ávalos. (D)

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