Un estado de excepción renovado por 30 días para seis provincias y un cantón se dispuso el pasado 30 de agosto. Con ello, según el Gobierno, se busca que en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y el cantón Camilo Ponce Enríquez —en donde rige la medida— se refuercen las estrategias y medidas implementadas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

En la Zona 8, por ejemplo, se continuarán los operativos antidelincuenciales enmarcados en el derecho a la inviolabilidad del domicilio que les permite actuar en territorio, indicó el coronel Pablo Dávila, comandante de la Zona 8, que agrupa a Guayaquil, Durán y Samborondón.

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Los estados de excepción han sido una receta reiterada desde el anterior gobierno para tratar de contener la ola delictiva y las muertes violentas. No obstante, en este gobierno se catalogó como terroristas a las bandas del crimen organizado y se declaró un estado de guerra interna.

Aunque a diario la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas informan de la productividad de las acciones ejecutadas en diferentes ciudades con allanamientos y aprehensiones de objetivos de diferente valor, en la ciudadanía hay opiniones divididas sobre la ampliación del estado de excepción dispuesto y la sensación de seguridad en las calles porteñas.

La Policía Nacional ejecuta operativos en diferentes sectores de la ciudad. En los últimos días se han intervenido zonas del noroeste de Guayaquil. Foto: Cortesía Policía Nacional

Algunos dicen que se requiere más presencia de la fuerza pública en las calles; otros mencionan que las acciones del Gobierno están bien encaminadas, pero se requieren medidas adicionales.

Mara Santos, quien vive en el sector de Colinas de la Alborada, en el norte de Guayaquil, dice que en los últimos meses (con estado de excepción vigente) no ha percibido un ambiente seguro en su zona o en la ciudad en general.

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En su barrio, comenta, a los uniformados los ven una vez en el día y los robos a mano armada se mantienen.

“Aquí los robos y asaltos siguen. A los policías los vemos una vez en el día o a veces no los vemos, y la verdad eso no es garantía para uno volver a salir al cerramiento de una casa o a la vereda a conversar con vecinos, porque no se sabe en qué momento puede caer una bala o nos pueden amenazar con pistolas”, comenta.

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Para el duraneño José Luis Rodríguez, el estado de excepción ha generado “una falsa calma” en algunos por los resultados que exponen las instituciones en redes sociales. Sin embargo, para él esto difiere de lo que realmente se vive a diario en las calles de su cantón, Durán.

“Las muertes violentas siguen en Durán a pesar de la intervención, solo que algunas no llegan a difundirse por redes sociales. En Guayaquil siguen asesinando a padres y a sus hijos, y los colaterales son los niños, que son inocentes. No pueden decir que con la captura de supuestos cabecillas uno se va a sentir más tranquilo, porque los miembros de bandas son como las hormigas, que se reproducen por todo lado”, afirma el ciudadano.

Rodríguez manifiesta que la presencia militar fue en los primeros días cuando se dispuso el estado, en julio pasado.

El vecino cantón es uno de los puntos conflictivos debido a que allí hay una disputa de bandas criminales.

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Otras personas, como Lilibeth Ortega y Denisse Banchón, quienes viven en zonas del centro y sur de Guayaquil, dicen que la extensión de la medida no eliminará el miedo que sienten las personas de salir a las calles.

“Hay muchos (como yo) que hemos cambiado nuestras rutinas: ya no salimos a espacios abiertos y solo pasamos en centros comerciales que consideramos seguros. Yo, en lo personal, creo que un nuevo estado de excepción es como darle paracetamol a un enfermo terminal de cáncer: solo le va a aliviar el dolor, pero no le va a curar la enfermedad. El Gobierno debe tener un plan bien establecido y no solo decretar por decretar o intervenir por intervenir, porque en esas ya estamos desde hace varios años”, manifiesta Ortega.

Banchón añade que el Estado también debería permitir que los Gobiernos seccionales puedan adquirir armas y también apoyar en la seguridad ciudadana. “Creemos que modificando algunos estatutos y permitiendo, en el caso de Guayaquil, actuar a los metropolitanos se tendrían también más golpes a los grupos terroristas”, señala.

Por otra parte, hay varias personas que creen que un nuevo estado de excepción sí mejorará la seguridad y reducirá los índices de violencia por la presencia policial y militar que se mantiene.

“Creo que debemos tener fe en que lo que está haciendo la Policía poco a poco tendrá sus resultados más visibles. Ya en las cárceles no hay disturbios y, aunque hay muertes, creo que sí han disminuido a como estábamos a inicio de año. Creo que hay que dar un voto de confianza a que esto sí va a mejorar”, afirma el ciudadano Adrián Solórzano.

El guayaquileño dice que la Policía requiere tiempo para fortalecer sus acciones en territorio y combatir a las mafias. Eso, según él, se logra con la disposición hecha por el presidente Daniel Noboa.

El Gobierno ha esgrimido cifras de una baja en las muertes violentas a nivel nacional, aunque algunas ciudades de la Costa siguen con la problemática. Es más, algunas, como Los Ríos, lidian con extorsiones y secuestros que incluso golpean a la zona rural.

Según Eva Gómez y Ricardo Arias, el estado de excepción debe venir acompañado de disposiciones para la parte judicial y un plan para despoblar las cárceles para dar cabida a esos nuevos miembros de organizaciones que son capturados.

La pareja aplaude que, a diario, se anuncien capturas y allanamientos de los grupos identificados por el Gobierno como terroristas.

“El Gobierno debe disponer que los detenidos en operativos no salgan libres. El estado de excepción debe venir con un trabajo del Gobierno en mejorar la parte judicial. El Gobierno debe retomar el tema de los indultos para que esos criminales capturados sí terminen tras las rejas”, comenta Arias.

Alfredo Castillo manifiesta que la Policía debe continuar transparentando los resultados de los operativos que ejecuta para generar ese ambiente “de calma” en la gente.

“Las personas somos visuales y, si vemos que asesinaron a alguien y luego la Policía lo detiene y luego lo sentencian, entonces nos vamos a sentir tranquilos porque vemos que lo que se hace tiene un resultado”, puntualiza. (I)