La Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador calificó de “irresponsable” la decisión del Gobierno de renunciar a la ley para la Promoción del Comercio Andino y Erradicación de las Drogas (ATPDEA), porque se ha puesto en riesgo el trabajo directo e indirecto de más de 100.000 ecuatorianos.

Así lo manifestó este viernes el titular del gremio, Blasco Peñaherrera Solah, quien aseguró que esa cifra ha sido dada por la embajadora en Washington, Nathalie Cely en su campaña en Estados Unidos para intentar conseguir una prórroga a las preferencias arancelarias.

El dirigente gremial mencionó que la Oficina de Comercio del Gobierno de Estados Unidos publicó ayer una nota anunciando que el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), que al igual que el ATPDEA permite el ingreso de productos sin aranceles, entra en revisión.

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"El impacto arancelario no debe preocuparnos . . . lo que más nos preocupa es la pérdida de empleo", dijo Peñaherrera quien estimó en 250.000 empleos directos e indirectos que se afectarían por una pérdida del SGP.

Acerca de las alternativas que maneja el régimen, como el Certificado de Abono Tributario (CAT), Peñaherrera dijo que hay que tener cuidado con la entrega de subsidios directos pues está prohibido por la Organización Mundial del Comercio (OMC) bajo la categoría de antidumping.

"Responsabilizo al presidente de la República por la pérdida potencial de estos 100.000 empleos", expresó.

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Para Eduardo Cadena, analista económico de la Cámara de Comercio de Quito, la alternativa es que los exportadores y las empresas se vuelvan más eficientes y puedan competir con sus pares de Colombia, Perú y Costa Rica. "Lo lastimoso es que en el futuro no se crean las condiciones para nuevas inversiones en nuestro país", indicó.

La Cámara de Comercio de Quito una vez que fue expedida la ley de Medios ha decidido no tener relación con las autoridades, dijo Peñaherrera porque considera que Ecuador vive bajo un "gobierno no democrático".