El pronunciamiento de la Corte Constitucional (CC) en los casos de ajusticiamiento en la comunidad de La Cocha (Cotopaxi) y de la supuesta matanza de un grupo de indígenas taromenane dejaría sin sustento a la Ley de Coordinación entre la Justicia Indígena y Ordinaria.

Los pedidos de varios sectores de realizar una consulta prelegislativa (consultas a los pueblos indígenas) antes de la aprobación del proyecto de norma detuvieron su trámite en mayo del 2012, tras el primer debate en la Asamblea.

La propuesta, de 35 artículos, fue presentada por la asambleísta indígena Lourdes Tibán (PK) en febrero del 2010.

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El Consejo de la Administración Legislativa (CAL) la calificó en junio de ese mismo año.

El informe para primer debate elaborado por la Comisión de Justicia de la Asamblea dejó el texto en 18 artículos.

En la exposición del proyecto se menciona que su objetivo es “promover el ejercicio del derecho colectivo y el derecho de las comunidades y pueblos indígenas, aplicando el principio de interculturalidad”.

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Y plantea, entre otros temas, que las autoridades indígenas “en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales indígenas conocerán y resolverán los conflictos en todas las materias, sin límite alguno de gravedad, cuantía o delito”.

Pero las sentencias de la Corte establecen que la justicia indígena podrá avocar conocimiento de los delitos de su jurisdicción, excepto aquellos que involucren un atentado a la vida, que serán atendidos por la justicia ordinaria, aplicando el principio de interculturalidad.

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Ante este escenario, el legislador de Alianza PAIS (AP), Gilberto Guamangate, indígena miembro de dicha Comisión, admite que proseguir con el debate del proyecto no sería una prioridad del oficialismo.

“No está dilucidado dentro de la agenda, pero hice un pronunciamiento en Twitter para ver si en los próximos días, dentro del bloque, se puede analizar un proyecto que ayude a armonizar la justicia indígena y ordinaria”, señala.

Guamangate no sabía que Tibán ya presentó un proyecto y que ya pasó el primer debate. Aunque cree que ahora, con el pronunciamiento de la CC sobre la aplicación de la justicia ordinaria en casos de delitos contra la vida, se sientan las bases para elaborar una propuesta: “Esto nos permite ir pensando en una ley. Espero poder tener el apoyo de la bancada”.

La creación de este texto está contemplada en el artículo 171 de la Constitución; por ello “debería trabajarse en su aprobación”, cree Antonio Gagliardo, uno de los jueces de la Corte. “Debe haber voluntad política de los indígenas y de los asambleístas. Todos deben juntarse y sacar un proyecto interesante, bonito”, opina.

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La impulsora de la normativa no tiene esperanza de que esta se apruebe. Y afirma que no hay las condiciones políticas para discutirla pues “van a decir que ese mamotreto de la Corte es vinculante y ya no se necesita de una ley. Eso está diciendo el oficialismo”.

Para Tibán, las conclusiones de la Corte “no hacen un esfuerzo por desarrollar jurídicamente y desde una visión intercultural qué son los conflictos internos. Volvimos a cero...”.

Su argumento es que los ‘conflictos’ deben conceptualizarse desde la interculturalidad en la Ley de Coordinación porque ni la Constitución ni las sentencias de la CC se lo hace.

Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, sostiene que la discusión de la normativa debe ser de manera horizontal entre la justicia indígena y ordinaria, sobre todo porque la primera está cambiando: “Antes no se escribían los casos, eran orales. Ahora hay actas, quiere decir que se está enriqueciendo”.

Sin embargo, rechaza que se someta a debate en la Asamblea pues “los legisladores tienen una concepción colonialista, racista, no tienen idea de lo que es la filosofía indígena”.

Para Gustavo Medina, exmagistrado de la Corte Nacional de Justicia, la falta de esta ley de coordinación dio paso a que la CC expidiera estas sentencias que “son obligatorias mientras una ley no diga lo contrario”.

“Lo que está ocurriendo en el país es el resultado de una falta de meditación al aprobar la Constitución. Esta norma manda que la justicia ordinaria debe respetar la justicia indígena, pero esto está siendo desmentido en la práctica”, cuestiona.

Con la ley y la sentencia de la Corte se aclararían sanciones fuertes como violaciones, asesinatos y otros tipos de delitos”.Gilberto Guamangate AP